El juez del caso ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, tomará declaración este jueves en calidad de investigado al abogado Rafael Redondo, quien fuera socio del comisario Villarejo, en el marco de hasta tres piezas de la macrocausa. En concreto, responderá sobre la pieza 21 –el denominado ‘proyecto Wine’–, la pieza 28 –Molpeceres– y la pieza 29, en la que investiga si el comisario mercadeaba con documentación e información desde la cárcel de Estremera.
En la primera de ellas –la 21–, y según el auto de imputación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, la empresa de Villarejo –Grupo Cenyt– llevó a cabo presuntamente de forma ilícita un encargo de Repsol y Caixabank con el objetivo salvaguardar los intereses de ambos en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF «para tomar el control de la compañía».
Esta declaración de Redondo se sumará a las ya practicadas en esta pieza, y este viernes tendrá lugar la comparecencia, esta vez presencial, por este asunto de Villarejo.
En cuanto a la pieza número 28, es la relativa al encargo que realizaron los abogados Antonio Chávarri y Juan Vila-Coro al comisario para que espiara al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.
En este caso se investigan los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt. El magistrado, Manuel García-Castellón, indica que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).
El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de ‘K’ –así denominaba el comisario a su cliente– y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.
Con la ruptura matrimonial se inicia un «conflicto» entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro. Momento en el que entra en la ecuación Cenyt.
En la última de las tres piezas por las que preguntará a Redondo, se indaga en el intento por parte de Villarejo de mover información desde la cárcel de Estremera. Se indaga en la documentación que envió un preso de su confianza a periodistas y abogados para su difusión pública, con lo que el comisario podría «chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado».
«Al parecer, dispondría de una gran cantidad de información y documentación que podría estar controlando desde la prisión de Madrid VII-Estremera en la que se encuentra interno como preso preventivo», decía el juez Manuel García-Castellón en dos autos de 20 enero.
