El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena a 122 años de cárcel que dictó la Audiencia Nacional contra la que fuera jefa de los ‘comandos legales’ de ETA, María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León con una bomba lapa colocada en su coche, y por suministrar el material explosivo para cometerlo.
La Sala de lo Penal ha desestimado así, en un fallo del 3 de febrero conocido este miércoles, el recurso de casación planteado por Iparraguirre contra la sentencia del pasado 22 de julio con la que la Audiencia Nacional le impuso una pena de 30 años por un delito de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, 20 años de prisión por cada uno de los cuatro delitos frustrados de asesinato terrorista y 12 años de prisión por un delito de tenencia de explosivos.
La sentencia recurrida también fijó una indemnización de 300.000 euros para la viuda de Cotizo y de 160.000 euros para cada uno de los dos hijos del militar por el fallecimiento de su padre. Además, tendrá que indemnizar a la hija con 92.000 euros por las lesiones y 250.000 euros por las secuelas sufridas en el atentado, en el que resultó herida al ir en el asiento del copiloto.
Al igual que en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Iparraguirre planteó en su recurso ante el Supremo que no había pruebas suficientes de que fuera la persona conocida como ‘Anboto’, por lo que solicitó la anulación de la condena dictada en lo que fue el primer juicio celebrado contra ella en España.
La Sala II responde que hay pruebas directas, indiciarias y periciales que acreditan la ligazón entre el apodo ‘Anboto’, con el que se conocía a quien emitió las instrucciones para llevar a cabo el atentado, y la acusada. Señala, además, que no consta que ninguna otra persona relacionada con ETA usara ese alias.
