La defensa del que fuera director de Seguridad en Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en la pieza 17 de la macrocausa ‘Tándem’, ha elevado escrito a la Audiencia Nacional para denunciar que la comida que celebraron el pasado mes de enero la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con el presidente de ACS, Florentino Pérez, y otros, viola el derecho de su cliente a un proceso con las debidas garantías y su derecho a un juicio justo.
En el escrito, el abogado concluye que Florentino Pérez, que está personado como perjudicado en esta pieza «y cuyas empresas están siendo objeto de investigación penal en otros procedimientos» utilizó a un amigo para sentarse a comer con la Fiscal General del Estado.
Sobre esa comida, el abogado cita a medios que se hicieron eco de la misma para subrayar que fue pagada por Pérez, por lo que esto «implica que la fiscal general del Estado aceptó un regalo cuyo valor supera con creces el importe máximo de lo que los usos establecen como socialmente admisible».
Recuerda que Delgado puede mantener una relación de amistad con quien desee, pero indica que, si es «con quien preside empresas que están siendo investigadas en sede penal o con quien comparte bancada en el lado acusador», debiera abstenerse de «realizar bochornosos, impúdicos y obscenos alardes de amistad en tanto la responsabilidad penal de su amigo se encuentre sub iudice».
Además, el abogado Manuel Santaella considera que mientras Delgado permanezca al frente de la FGE «existirá una sospecha fundada de parcialidad respecto de la actuación de sus subordinados en las distintas causas en las que intervenga Florentino Pérez», por lo que cree que se estaría violando el derecho a un proceso con las debidas garantías.
Al hilo, recuerda en su escrito que según la regulación de la revocación de la condición de acusador en el proceso penal–la expulsión de una acusación del procedimiento– tiene lagunas porque no existen disposiciones concretas sobre esta posibilidad. Con todo, recuerda que un comportamiento procesal fraudulento por parte de una parte acusadora resulta supone una actuación contraria a la buena fe procesal, hasta el punto de poder alcanzar la categoría de fraude procesal y abuso de derecho.
UN CUBIERTO QUE OSCILA ENTRE 31 Y 245 EUROS
Además, recuerda que según los principios éticos del estatuto del funcionario público, éste se debe abstener en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal ante el riesgo de que se pueda plantear un conflicto de intereses. Y añade que no pueden aceptar ningún trato de favor o situación que implique «privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas».
Tras esto, el abogado indica que lo que se celebró entre ambos fue una mariscada y que en la misma participó Florentino Pérez, que la organizó, y la Fiscal General del Estado, jefe superior de la acusación pública, y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Santaella recurre a una plataforma web de reservas por Internet para detallar que el cubierto del restaurante en el que se produjo esa comida oscila entre los 31 y los 245 euros, y hasta para especificar los precios en carta de determinados platos.
«En efecto, pareciera que la comida consistió en una mariscada, lo que inclinaría a pensar que el tique medio por persona habría subido de los 25 euros por persona, y si la comida se hubiere regado con un buen vino, sobrepasa el límite conjunto de los 50 euros entre el cubierto del funcionario público -la Fiscal General del Estado- y de la persona de su círculo más íntimo», añade.
