lunes, 1 marzo 2021 13:32

Satisfacción institucional por el fallo de Meirás

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha calificado como una “victoria democrática” el fallo de la Audiencia de La Coruña que confirma que el pazo de Meirás es propiedad del Estado. En él se rechaza, no obstante, “mala fe” por parte de los herederos de Franco y les reconoce el derecho a ser resarcidos en los gastos en que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio frente al criterio mantenido por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.

Esta cuestión ha suscitado las críticas del Ayuntamiento de Sada, cuyo alcalde, Benito Portela, ha confirmado que recurrirán la sentencia en relación a este asunto, y de la Diputación de La Coruña, cuyo diputado de Patrimonio, Xosé Luís Penas, lo ha calificado como una “anomalía”.

Tras conocerse el fallo, el delegado del Gobierno en Galicia ha asegurado que la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, en respuesta al recurso presentado por los Franco contra la que dictó el juzgado de Primera Instancia, “estimula para seguir trabajando en el proyecto de memoria histórica”.

De ella, ha dicho también que “revalida la victoria democrática que supone la devolución del pazo de Meirás”. “Refuerza la tesis que ha mantenido siempre el Gobierno de España”, ha añadido.

Mientras, el alcalde de Sada, Benito Portela, ha valorado “lo fundamental” del fallo, en relación a “la declaración de nulidad de títulos, la expulsión de los Franco del pazo y la incorporación al patrimonio público”.

No obstante, ha trasladado su discrepancia en lo relativo a que se rechace que hubo “mala fe” por parte de los herederos o sobre la liquidación del estado posesorio, donde se argumenta que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido.

Para ello, el regidor se ha remitido al dictamen de la comisión de expertos. “El dictamen, en el que se fundamenta esa parte de la sentencia, contó con un voto particular del Ayuntamiento de Sada”, ha expuesto

“INCOMPRENSIBLE” EL PAGO POR GASTOS

En la misma línea, el responsable de Patrimonio de la Diputación de La Coruña y miembro de la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, Xosé Luís Penas, ha calificado de “incomprensible” que la justicia “ordene darle más dinero a los Franco después del inmenso patrimonio que consiguieron como herencia del dictador, de las propiedades robadas al pueblo gallego de forma ilícita”.

“En lugar de exigirles pagar el alquiler por todos estos años de ocupación ilícita de Meirás, lo que tenemos es que pagar con nuestros impuestos aún más dinero por la utilización como vivienda privada de un inmueble que se demostró que era público”, ha expuesto.

El diputado provincial, que ha manifestado que no es la primera sentencia que les “sorprende” –ha dicho sobre la condena a ocho activistas que ocuparon simbólicamente la Casa Cornide, en La Coruña– ha asegurado que ahora harán una lectura en detalle de la misma. Con todo, ha calificado de “clara anomalía” que se confirme que el pazo de Meirás es propiedad pública “y, al mismo tiempo, obligar a pagar por los gastos”. “Difícil de entender, ha sentenciado.

CASA CORNIDE

Por su parte, la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha trasladado su “satisfacción” por la sentencia, de la que ha dicho que “refuerza la idea de hacer justicia a una anomalía histórica”.” “Se le devuelve al pueblo un bien que expoliaron los Franco”, señala en un comunicado en el que asegura que “de nuevo queda probado que los Franco actuaron impunemente durante la dictadura”.

“Al apropiarse de bienes públicos como en el caso de Meirás o de la Casa Cornide a través de ventas simuladas, ilegales como se ha demostrado, y que favorecieron durante 40 años a quién fue por la fuerza el jefe del Estado”. “Ahora queremos que los Franco devuelvan el Pazo de Meirás y lucharemos para que devuelvan también la Casa Cornide”.

Al respecto, recuerda que el ayuntamiento está llevando a cabo dos estudios paralelos, uno jurídico-histórico y otro histórico-artístico, para reclamar por vía judicial la Casa Cornide, “que se adquirió siguiendo el mismo modus operandi que en Meirás”.