El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido por carta al presidente Pedro Sánchez que se acuerden los mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus decisiones contra la pandemia con «garantías jurídicas», después de que el TSJPV haya permitido, en contra del criterio del Gobierno Vasco, la reapertura de los bares y restaurantes de los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ en Euskadi.
Urkullu, que ha asegurado que respeta el auto del TSJPV, aunque no lo comparte ni entiende, ha advertido de que «ignorar la realidad» y hacer «una interpretación ‘naif’ de la pandemia» solo puede llevar a decisiones «inexplicables».
El Lehendakari ha rechazado la posibilidad de recusar al ponente de la resolución judicial, Luis Garrido, al entender que este no actúa contra el Gobierno, sino contra «la evidencia de la pandemia, de los criterios epidemiológicos y los de los profesionales sanitarios».
Iñigo Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Asesor del LABI, para presentar el Plan Bizi Berri III, que recoge la estrategia de respuesta comunitaria y de regulación de las actividades sociales para hacer frente a la covid-19 y garantizar la salud pública en la Comunidad Autónoma Vasca.
Durante su intervención, ha leído el dictamen elaborado por la Comisión Técnica del LABI sobre el auto del TSJPV que reabre la hostelería, en el que «muestra su perplejidad y disconformidad por la argumentación utilizada» en la resolución judicial.
«La evidencia científica disponible y las directrices de los organismos internacionales, así como la práctica internacional avalan, particularmente en contextos con tasas de incidencia muy alta, las medidas adoptadas en Euskadi», asegura la mesa de técnicos.
Por su parte, el Lehendakari ha querido «avalar, reconocer y poner en valor el trabajo de los profesionales epidemiólogos, virólogos, matemáticos, médicos de familia, expertos en salud y profesionales sanitarios en general en Euskadi y en todo el mundo», después de que el ponente del auto del TSJPV, Luis Garrido, asegurara en una tertulia radiofónica que un epidemiólogo es «un médico de cabecera que ha hecho un cursillo» y que las medidas que aconsejan contra la expansión de la covid «no difieren de las que se daban en la Edad Media».
También ha querido remarcar que «no hay ningún ámbito culpable de esta pandemia, ni la hostelería ni ningún otro». «La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad cumplir estrictamente las recomendaciones», ha añadido.
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno Vasco y todas las instituciones seguirán adoptando las decisiones que consideren necesarias para preservar la salud de las personas, con todas las competencias que estén a su disposición y «tratando de garantizar la seguridad jurídica.
CARTA A SÁNCHEZ
También ha revelado que este pasado miércoles, un día después de que el TSJPV decretara la reapertura de la hostelería, volvió a dirigirse al presidente Pedro Sánchez para que, «en el menor plazo posible, se analice esta cuestión y se acuerden con las Comunidades Autónomas los mecanismos legales necesarios, en el marco del Estado de Alarma, para que las decisiones adoptadas cuenten con todas las garantías jurídicas».
Tras apuntar que todavía no ha recibido respuesta, ha recordado que es un planteamiento que ha reiterado a lo largo de las 14 Conferencias de presidentes que se celebraron entre marzo y junio del pasado año, y también lo ha trasladado personalmente Sánchez.
Iñigo Urkullu ha subrayado que otras comunidades autónomas también han puesto sobre la mesa la necesidad de esas garantías jurídicas en la comisión interterritorial de Sanidad.
INTERPRETACIÓN ‘NAIF’ DE LA PANDEMIA
Urkullu querido destacar que los diferentes actores sociales «se han habituado a cifras excesivamente altas de incidencia» de la covid y ha considerado que «ignorar esta realidad» y hacer «una interpretación ‘naif’ de la pandemia», solo pueden llevar a decisiones «inexplicables».
Por ello, ha destacado que «la evidencia posible hasta el momento es contundente en la valoración del riesgo que supone compartir espacios cerrados con deficiente ventilación y sin medidas de protección individual». Este tipo de situaciones se reproducen, especialmente, la estacionalidad invernal actual, ha avisado.
En este sentido, cree necesarias «medidas normativas que las limiten». «La situación muy complicada por la que atraviesa Euskadi en estos momentos puede verse alterada por decisiones basadas en una interpretación ‘naif’ de la pandemia», ha indicado.
De esta forma, ha indicado que se deben limitar «situaciones en las que se producen encuentros sociales sin utilización permanente de medidas de protección individual en ambientes y locales cerrados», y ha recordado que la evolución positiva de los contagios puede «revertirse en función de las decisiones de desescalada que se tomen en cada momento», tal como han determinado los expertos sanitarios. «Hago míos los criterios de las autoridades sanitarias vascas, que son tan buenas como las de cualquier parte del mundo», ha puntualizado.
RECURSO
El Lehendakari ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco no recurrirán el auto del TSJPV, al estar convencidos de que no prosperará, aunque Iñigo Urkullu ha subrayado que les «asiste la razón»,
Además, ha calificado de «significativo y curioso» que el presidente de la Sala Contencioso-administrativo del TSJPV y ponente de la resolución judicial, Luis Garrido, se pronunciara en una tertulia radiofónica sobre esta cuestión antes de analizar las alegaciones presentadas por el Ejecutivo al recurso de los hosteleros que solicitaron, como medida cautelar, la reapertura de sus establecimientos.
Urkullu ha señalado que los servicios jurídicos, tras evaluar la oportunidad o no de recurrir, han optado por no impugnar el auto. «Lo acepto y lo comparto porque, dado que solo se puede presentar recurso ante la misma Sala y los mismos magistrados, y que no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas, el recurso no tiene, a nuestro juicio, posibilidades de eficacia posible», ha dicho.
El Gobierno Vasco tenía de plazo hasta el lunes para plantear recurso de reposición ante la misma Sala que dictó el auto anulando la clausura de la hostelería en ‘zona roja’.
«LA RAZÓN»
En todo caso, Iñigo Urkullu ha mostrado su convencimiento de que al Gobierno Vasco le asiste la razón, así como al Consejo Asesor del LABI, foro en el que están todas las instituciones vascas y que adopta las decisiones sobre las medidas para atajar la pandemia.
«Espero que se pruebe, espero que así sea, cuando ya se dilucide el fondo de la cuestión. Estamos ante unas medidas cautelares, pero este proceso tiene su recorrido en relación al fondo de la cuestión», ha añadido.
Sobre el auto, cree «significativo» que su ponente, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Garrido, se pronunciara públicamente un día antes de dictar la resolución judicial, y ha señalado que, para entonces, «ni siquiera le había dado tiempo a analizar las alegaciones». «Es curioso», ha remarcado.
SIN RECURSAR
El Lehendakari ha rechazado la posibilidad de recusar a Luis Garrido porque «no es una actuación de confrontación del juez con el Gobierno Vasco». «Así lo quiero pensar», ha añadido.
En todo caso, sí entiende que es «una actuación» del magistrado «contra los criterios epidemiológicos y contra los criterios de profesionales sanitarios» que, según ha apuntado, «ya se han pronunciado». «Es una actuación contra la evidencia de la pandemia, en la incidencia epidemiológica», ha concluido.
