El Ayuntamiento de Sada ha remitido un comunicado en el que celebra que la Audiencia Provincial de A Coruña haya confirmado que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, «ratificando una sentencia histórica conseguida desde Galicia,» por lo que supone el paso al patrimonio público de un inmueble» conseguido con la represión del Estado fascista, la dictadura y el totalitarismo de Franco».
Con todo, el gobierno local no comparte varias de las consideraciones contenidas en los fundamentos de la sentencia, y, muy especialmente, la declaración como «poseedores de buena fe» de los herederos del dictador y la consiguiente incorporación al fallo del deber de liquidación posesoria en tal condición, lo que obliga a abonarles no solo gastos necesarios sino también los gastos útiles y, sobre todo, «a consolidar a favor de los Franco todos los ingresos generados por el Pazo y no compensarlos en la liquidación».
En virtud de esta situación, el Ayuntamiento recuerda que los Franco se quedan con los ingresos y el Estado «estaría abonándoles los gastos desde 1975». El Ayuntamiento de Sada considera que esta situación «no se ajusta a derecho», dado que según recogía la sentencia del Juzgado, «la posesión de los herederos del dictador debe ser considerada como de mala fe».
«Considerar que eran desconocedores o ignorantes de la posesión ilegal del Pazo y de las condiciones en las que Franco lo adquirió no es creíble. Los Franco no pueden resultar beneficiados de la posesión de un bien detentado ilegalmente desde su origen, apropiándose y consolidando los ingresos obtenidos durante tantos años. Franco actuó de mala fe y sus herederos, también», ha esgrimido el regidor de Sada, Benito Portela.
El gobierno local recuerda que la sentencia de la Audiencia «omite el hecho» de que el dictamen de la comisión de expertos, en el que fundamenta parte de su decisión, contó con un Voto Particular del Ayuntamiento de Sada, que, precisamente argumentaba la consideración posesoria como de mala fe.
En consecuencia, y aún celebrando el fallo, el Ayuntamiento de Sada recurrirá el apartado concreto relativo a la liquidación del estado posesorio como de buena fe, y solicita expresamente que las otras partes (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de A Coruña), en especial al Estado como parte actora, formalicen también sus recursos en tal sentido.
