El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, José Ángel Arranz, ofrece los lobos ‘sobrantes’ en la comunidad autónoma para repoblar el sur de España, sobre todo Andalucía y Extremadura donde asegura que la especie se extinguió desde la aprobación de la Estrategia de Gestión vigente (2005), frente a las comunidades del norte del río Duero, donde una gestión «de éxito» ha logrado un crecimiento de la especie.
Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria concentran en torno al 95 por ciento de la población lobera y rechazan la decisión de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lerspre).
En ese contexto de discrepancias, el director de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, considera que el Gobierno está fuera de la lógica, porque trata de imponer una decisión sin antes hacer un diagnóstico de la especie.
«Es la primera vez que se va a catalogar una especie en estado de conservación favorable», señala Arranz, que avisa de que las cuatro comunidades van a dar «la batalla» para frenar el cambio de estatus del lobo donde la gestión y conservación de estos 15 años «ha funcionado».
«Es una injusticia y un atropello y si sale la orden ministerial evidentemente empezaremos con toda nuestra fuerza jurídica a recurrirlo donde corresponda», advierte.
En su opinión, la Administración está yendo contra de sus propios actos porque la estrategia de 2005 se aprobó por consenso frente a la reunión «absolutamente atípica» del Comité de hace una semana. Arranz relata que la cita no se convocó con la antelación debida y además estuvo presidida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, algo no habitual cuando se trata de directores generales.
PROCEDIMIENTO FORZADO
Por ello, está «totalmente» convencido de que el MITECO está forzando el procedimiento para adaptarlo a su conveniencia y «está siendo todo sorprendente» y ajeno a los estándares habituales.
Arranz recuerda que la propuesta se votó a pesar de que el verano pasado se había acordado por amplio consenso no modificar el estatus del lobo. Y aún más, añade que como en la primera votación no salió la opción preferida por el Ministerio, se volvió a votar por segunda vez. «Lo normal en estos casos es dejar el tema en la mesa hasta que lograr consenso», lamenta.
Al mismo tiempo, ha afeado a las comunidades autónomas que no tienen lobo y no «abrieron la boca» en la reunión del Comité de Patrimonio Natural pero después votaron sí a elevar la protección a una especie que «no les afecta».
De este modo, pone la lupa en los territorios donde las poblaciones se han extinguido, como en Sierra Morena o en Extremadura. «Nosotros tenemos lobos y estamos dispuestos a cederlos para reintroducirlos en otros territorios donde se ha extinguido. Pero no quieren oír hablar de un plan de reintroducción, mientras nosotros tenemos que sacrificar ejemplares. Es todo contrario al sentido común», insiste Arranz.
Por eso, asegura que tanto Castilla y León como Asturias, Galicia y Cantabria rechazan «de plano» el borrador de nueva estrategia ya que a su juicio se quiere aprobar una estrategia rápidamente sin antes analizar el funcionamiento de la actual, ni realizar un censo nacional actualizado.
En ese sentido, recuerda que el próximo censo debe hacerse en 2022 por lo que es necesario empezar «ya» a prepararlo. «Con un buen diagnóstico podremos hacer la mejor estrategia para el lobo. Lo contrario es hacer un documento vacío para justificar las acciones que quiero sin base técnica», precisa.
INFORME «FLOJO»
Estos motivos llevan a las cuatro comunidades autónomas a no participar de la estrategia sin esas premisas. Respecto al dictamen científico esgrimido por el Gobierno, Arranz lo califica de «flojo», pero coincide con el informe realizado por un científico del Consejos Superior de Investigaciones Científicas en que constata el estado «favorable» del lobo.
De hecho, apunta que el informe defiende la protección del lobo no por la ciencia sino por «su valor cultural y aportación ecológica», un valor que tienen «todos los depredadores, lo que no es óbice para cambiar la gestión de la especie».
Ese informe lo podría haber hecho el Museo Etnográfico o el Ministerio de Cultura. Se resuelve en una línea y carece de una argumentación mínima», sentencia.
DAÑOS MAYORES AL SUR DEL DUERO
Según los datos de la Junta de Castilla y León, solo en 2020 se comunicaron 2.578 ataques que mataron un total de 3.685 cabezas de ganado. De ellos, 2.198 ataques en los que las manadas mataron a 3.049 animales se produjeron en terrenos al sur del Duero, frente a los 380 ataques y 637 cabezas al norte del Duero.
«El ganadero no quiere una subvención ni una indemnización, lo que quiere es no tener ataques a su ganado. Estamos pagando y el problema sigue. Castilla y León basa su gestión en la prevención de ataques», insiste el director.
Con estos datos, insiste en que se debe poder seguir gestionando al lobo mediante la caza al norte del Duero, puesto que es donde están las poblaciones más grandes y donde menos daños al ganado se producen. El director general de Patrimonio Natural ha indicado que en un año normal se concede licencia para cazar unos 120 ejemplares pero «raro» es el año que se consigue acabar con unos 70. «El lobo es muy difícil de cazar», asegura.
El gestor público agrega que en la Sierra de la Culebra, Riaño, Mampodre o Fuentes Carrionas están algunas de las densidades de lobo más grandes del mundo, y que es allí precisamente donde más lobos se caza. Por el contrario, afirma que los mayores problemas de ataques, como en Ávila, que cuenta con apenas 6 manadas están al sur del Duero.
Por otro lado, señala que este modelo de caza proporciona ingresos a los municipios que, menos un 15 por ciento que se destina a labores de conservación de las reservas de caza. Arranz precisa que cazar un lobo tiene un coste de unos 2.500 euros aunque se ha llegado a pagar hasta 8.000 euros. Mientras, en Ávila, la Junta emplea a cuatro personas durante todo el año para cazar seis ejemplares y no siempre lo consiguen. Para muchos consistorios, según señala, este ingreso de la caza, junto con los montes o el ecoturismo del lobo es lo que permite que el pueblo «no se cierre».
En ese sentido, advierte de que el riesgo de cambiar el modelo actual por apriorismos éticos conllevará acotar la capacidad y encorsetar la flexibilidad de los gestores ante una especie compleja que tiene que convivir con la ganadería, y además se abre la puerta a tener que enfrentarse a numerosas demandas penales.
«Al norte tenemos la posibilidad de tomar medidas preventivas y de gestión, pero podemos mantener controles con normalidad que permiten mantener la convivencia y que la población lobera mantenga su estado de conservación favorable», concluye.
