Sólo la mitad de las más de 475.000 peticiones de personas que solicitaron la nacionalidad española alegando ser descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y el franquismo han logrado ser admitidas a consideración de cara a convertirse en españoles en aplicación de la conocida como Ley de Memoria Histórica.
Unos datos que sin embargo no satisfacen a IU al entender que son «ambiguos» al no aportarse, por ejemplo, el número de pasaportes concedidos por este motivo.
Aquella norma, aprobada en diciembre de 2007 y cuya aplicación recae en la Vicepresidencia Primera que lidera Carmen Calvo, recoge una disposición adicional que permite la adquisición de la nacionalidad de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español, así como a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio por la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Hasta principios de 2020 un total de 476.251 personas reclamaron el acceso a la nacionalidad por encontrarse en alguno de estos dos supuestos, pero el Gobierno sólo admitió 251.588, el 52,8% de las mismas.
Así consta en los datos que el Ejecutivo ha remitido al portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, quien solicitó un informe detallado del número de solicitudes de adquisición de nacionalidad española, con desglose de resoluciones positivas y denegaciones de pasaportes por esta causa.
NO ESPECIFICAN LOS PASAPORTES
Sin embargo, en su respuesta, el Ejecutivo explica al diputado no puede aportar el dato relativo a los pasaportes dado que la aplicación informática de gestión de este documento identificativo para poder viajar no permite recoger, entre los motivos de solicitud, la adquisición de la nacionalidad española en virtud de la llamada Ley de Memoria Histórica.
«Por tanto, no hay estadísticas del número de personas a las que se ha expedido pasaporte como consecuencia de la citada ley», concluye el Ejecutivo.
Desde IU se quejan de que el contenido de los datos facilitados es «muy ambiguo», al no aclarar a su juicio si se trata de nacionalidad aceptada o de la tramitación de la solicitud, y de que Moncloa «elude responder directamente a las cuestiones planteadas». Por ello, estudian plantear nuevas actuaciones parlamentarias para obtener más información y más actualizada al respecto.
