La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso que presentado por la asociación SOS Hostelería contra la resolución de 19 de enero de la Conselleria de Sanidad que estableció el cierre total del sector «como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19», según ha informado la plataforma.
El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, ha mostrado su satisfacción por la decisión del TSJCV y ha denunciado que la resolución de la Generalitat es «contraria a Derecho» y «gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores», ha indicado la entidad en un comunicado.
Para el representante, el hecho de que el recurso haya sido admitido a trámite «supone un balón de oxígeno para los hosteleros» ya que, a su juicio, «existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco».
Molina ha señalado que la concesión de la medida cautelar «es fundamental para evitar graves y perjudiciales consecuencias para los administrados», al tiempo que ha censurado consellera de Sanidad, Ana Barceló, «no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales».
Según la demanda presentada por SOS Hostelería, «estos cuestionamientos ponen de manifiesto el criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se impugna».
El presidente de SOS Hostelería ha insistido en que la disposición impugnada «afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, y de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
La demanda presentada por SOS Hostelería señala que el «concienzudo» informe de evaluación y seguimiento de la situación por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Valenciana de fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la resolución, ponen de manifiesto un «sustancial» repunte de los casos y un «agravamiento» de la situación epidemiológica en los últimos días «aunque no existen motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales».
Por ello, los hosteleros valencianos consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los términos descritos «carece de justificación, no siendo ni proporcional ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad».
Sobre el impacto de la situación sanitaria en la actividad económica y social en la Comunidad Valenciana, desde el colectivo de hosteleros afirman que de los informes técnicos a los que hace referencia la resolución se desprende que el origen del incremento en los contagios en las últimas semanas «deriva principalmente de contagios producidos en el ámbito social o familiar y en reuniones como las llevadas a cabo con motivo de las últimas fiestas navideñas en domicilios particulares».
En este sentido, Fidel Molina ha defendido que «ni la causa del actual repunte ni la solución al mismo pasa por cerrar el sector de la hostelería, máxime teniendo en cuenta las estrictas medidas de higiene y seguridad con las que cumplían dicho sector con anterioridad a acordarse el cierre de la actividad del mismo».
«La imposición del cierre de la actividad hostelera supone la privación absoluta y una intromisión administrativa brutal sobre el derecho constitucional del ejercicio de la libertad de empresa a un sector tan amplio y significativo en la Comunidad como son la restauración y la hostelería», ha aseverado.
Molina ha remarcado que, a causa del carácter «extraordinario y especial» que supone el cierre total del sector, así como «las implicaciones que las medidas suponen desde un punto de vista constitucional, empresarial, laboral, social y económico», la resolución «debería haber abordado adecuadamente las implicaciones que tiene para la salud pública el mantenimiento o la suspensión de unas actividades no esenciales frente a otras sobre las que se ha decidido su mantenimiento con restricciones menos lesivas».
