El modelo integral de atención a los menores inmigrantes no acompañados y jóvenes extutelados implantado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 2019 ha logrado reducir el abandono voluntario de estos recursos de un 70 a un 18,81 por ciento de media en Andalucía.
Este programa pionero de atención, acogida e inserción social y laboral por parte del Gobierno andaluz, basado en «identificar y atender las necesidades de menores y jóvenes, sustituye al dispositivo de emergencia desde el que se les atendía en anteriores legislaturas», según ha informado la Junta en una nota.
También incluye asesoramiento y acompañamiento hasta los 25 años a fin de ayudarles a conseguir una vida autónoma plena, para lo que se ha triplicado el número de plazas existentes para mayoría de edad, pasando de 215 a 668.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha subrayado el trabajo de la Junta con los menores y jóvenes migrantes que llegan a Andalucía con un nuevo modelo de atención centrado en la persona, basado en la especialización de los recursos en función de los proyectos migratorios de esos menores, lo que implica una mejora en la calidad y la eficacia de estas asistencias. «Lo digo alto y claro: ningún chico o chica que cumpla la mayoría de edad se va a quedar en la calle en Andalucía», ha resaltado.
Durante 2020, llegaron a Andalucía 954 menores migrantes no acompañados, frente a los 3.300 registrados el año anterior. El sistema de protección de la infancia contaba en sus instalaciones con 1.274 menores, dado que que el grueso de las llegadas producidas en 2018 se ha mantenido en los centros durante 2019 y 2020. En el caso de Granada, donde se ha presentado el estudio ‘Una mirada a la inmigración en Andalucía’, los nuevos ingresos fueron 144, y la provincia acogía a finales de año a 290 de esos chicos.
«Los niños y niñas del sistema de protección han dado la talla y demostrado un comportamiento ejemplar durante la pandemia, han cumplido las normas, no se han generado situaciones tensas e incluso se han involucrado ayudando a la comunidad, ya sea fabricando mascarillas, mandando mensajes en redes sociales para mitigar la sensación de soledad de sus convecinos», ha señalado Ruiz.
La consejera ha subrayado «el giro» dado a los programas destinados en la mayoría de edad, con una ampliación tanto de recursos como enfoques, y que se han homogeneizado mediante un protocolo de actuación aprobado hace una semana por el Consejo de Gobierno que permitirá garantizar el adecuado uso de los recursos con independencia de la fuente de financiación y su mejor aprovechamiento.
El nuevo modelo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la atención a menores extranjeros no acompañados se basa en una exhaustiva evaluación de la gestión desarrollada, de los flujos migratorios y de los perfiles de los menores.
Se articula en torno a tres programas de atención: en primer lugar, recepción, para verificar la condición de menor de edad y realizar la reunificación familiar en nuestro país en caso de que sea posible; estudio y diagnóstico, que evalúa su situación y proyecto de migración para su derivación hacia otros recursos especializados; y, finalmente, el programa de inserción social y laboral que, además de atender sus necesidades básicas, desarrolla actuaciones de capacitación.
En este sentido, Ruiz ha detallado que el programa, con carácter voluntario, acompaña a estos jóvenes hasta los 25 años y engloba recursos residenciales, formativos, de acompañamiento y de prácticas en empresas mediante un itinerario individualizado que es clave para su integración personal, social y laboral.
«A finales de 2020 habíamos triplicado la capacidad de los recursos que encontramos para mayoría de edad, y contábamos ya con 668 plazas y un programa de adquisición de competencias sociolaborales que, solo en 2019, gestionó 2.267 itinerarios de inserción sociolaboral y logró que uno de cada tres jóvenes obtuviese un contrato de trabajo», ha dicho. El compromiso es superar las 800 plazas a lo largo de este año.
Ruiz ha dado a conocer estos datos durante la presentación del informe ‘Una mirada a la inmigración en Andalucía’, elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en colaboración con la Junta de Andalucía. El estudio subraya que las relaciones sociales entre la población extranjera y la comunidad andaluza muestran unas expectativas de convivencia bastante halagüeñas, ya que tres de cada cuatro migrantes encuestados consideran positivo (71 por ciento) o muy positivo (seis por ciento) el trato de los andaluces.
«La presencia de la OIM hoy aquí evidencia que nuestra visión de la migración y el compromiso que adquirimos cuando llegamos a esta Consejería es el de abordar este asunto desde una perspectiva global, porque no es una cuestión solo de Andalucía», ha resaltado la consejera.
El estudio forma parte del proyecto ‘Marca la diferencia hacia una mirada positiva sobre la inmigración en Andalucía’, implementada con apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo con el objetivo de acortar la distancia percibida entre ambos grupos de vecinos y promover una visión mas equilibrada y realista sobre la migración en Andalucía.
El sondeo, realizado durante el verano de 2020 entre 800 personas de las ocho provincias andaluzas, constata que no se observa una percepción generalizada de discriminación o trato diferencial a la hora de acceder a un puesto de trabajo, y que una gran parte de los encuestados mantiene relaciones de amistad con muchos andaluces.
No obstante, sí apunta a un incremento de los discursos de odio durante la pandemia y la crisis económica provocada por el coronavirus, apreciados por casi uno de cada cuatro inmigrantes consultados. Además, un nueve por ciento de los encuestados refiere haber sido víctima de trato diferencial en su vida cotidiana, manifestado mediante trato irrespetuoso, recelo o rechazo por parte de los locales o actitudes prejuiciosas en la calle, el transporte público, restaurantes, tiendas o supermercados, como si por ser migrante supusiera un peligro o tuviera un pobre bagaje educativo. Un siete por ciento manifestó haber sido víctima de un ataque verbal, y solo un uno por ciento refirió haber sufrido una agresión física.
