lunes, 8 marzo 2021 10:26

Valencia estudia la lista de patrimonio inmatriculado por la Iglesia

El Ayuntamiento de València ha pedido un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, que se acerca a la cuarentena de bienes. La mayoría son edificios religiosos, pero también hay viviendas, almacenes y dependencias complementarias.

En un comunicado, el alcalde, Joan Ribó, ha anunciado que no descarta iniciar los procesos legales correspondientes para recuperar estos bienes si alguno pudiera ser de carácter municipal.

Dentro de esta lista se incluyen gran parte de las iglesias de la capital valenciana, entre ellas la Catedral, la iglesia de santa Catalina, la de Carmen o la del Temple y sus dependencias complementarias. También templos, ermitas y parroquias de pueblos como Borbotó, Mauella, Benifaraig, Carpesa o Cases de Bàrcena, junto a edificios, viviendas, almacenes, centros y dependencias complementarias.

Ribó (Compromís) ha afirmado que el conocimiento de la lista de bienes inscritos por la Iglesia, “mediante una ley absolutamente intolerable que Aznar hizo en su día”, ha permitido que la Iglesia pudiera inmatricular “sin control público adecuado”. Esto abre la posibilidad de que el Ayuntamiento estudie el patrimonio en caso de que pueda existir algún bien de carácter municipal.

Si fuera así, ha garantizado que se pondrán en marcha los procesos legales correspondientes para recuperarlos. “No se trata de los bienes de culto, pero evidentemente hay propiedades de distinto tipo que, en principio, no está clara su pertenencia a la Iglesia”, ha recalcado, recordando “la herencia envenenada, una más, que nos deja el Partido Popular”.

En concreto, el Ministerio de la Presidencia hizo pública este martes la lista de los cerca de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España gracias a una modificación de la Ley Hipotecaria en época del gobierno de José María Aznar. De los bienes inscritos, más de 900 están en la Comunitat Valenciana y cerca de 40 en València. Así se inicia la posibilidad de reclamaciones por parte de administraciones y particulares para dirimir la propiedad o el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).