CCOO se ha dirigido por escrito a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y a las diferentes consejerías territoriales, para exigir medidas «claras y negociadas» con las organizaciones sindicales que proporcionen «transparencia» y «máxima seguridad» en la celebración de las oposiciones a docentes de este año.
Así, para la celebración de unas oposiciones seguras, CCOO considera importante reducir el número de opositores por tribunal; aumentar el número de tribunales y de sedes evitando aglomeraciones y desplazamientos entre provincias, islas, etc.; garantizar espacios que permitan ventilación y distancias de seguridad; y asegurar el acceso justo a las oposiciones para las personas que se encuentran en cuarentena, enfermos de COVID-19, en gestación, con tratamientos oncológicos o cualquier otra causa justificada que impida la realización de la prueba en las fechas establecidas.
Asimismo, exige contemplar condiciones específicas para personas de especial vulnerabilidad ante el coronavirus; establecer protocolos claros tanto para tribunales como para opositores; fijar permisos por desplazamientos para el examen; determinar fechas comunes de realización de pruebas en todo el territorio estatal; y mejorar las condiciones de trabajo para los tribunales y aumentar las causas de exención voluntarias a tribunal en casos de vulnerabilidad justificada y la inclusión de corrección telemática.
Por otro lado, el sindicato ha apremiado a Celaá a modificar el modelo de acceso para dar cumplimiento al compromiso de reducir la tasa de interinidad al 8% alcanzado en marzo de 2017 y consignado en el Acuerdo para la mejora del empleo público, tal y como el sindicato viene reclamando desde entonces.
La crisis sanitaria, política y social derivada de la pandemia impidió la realización de las oposiciones de profesorado durante el pasado curso en la mayoría de las comunidades autónomas, lo que ha provocado que el porcentaje de temporalidad alcance el 24,47%, según cálculos propios de la Federación de Enseñanza de CCOO, una cifra que revisarán una vez que se disponga de los datos de la incorporación de docentes en el sistema educativo público durante el presente curso escolar y la reposición de personas jubiladas.
Así, con el objetivo de reducir la interinidad al 8%, CCOO reclama la aprobación de una oferta de empleo público de 98.000 plazas en todo el territorio estatal; el aumento del valor de la experiencia al máximo permitido por ley; un proceso que no sea una carrera de obstáculos, que se centre en la simplificación, reducción y eliminación del carácter eliminatorio de las pruebas; la coordinación de las pruebas entre las comunidades autónomas; garantizar la transparencia del proceso, promover criterios de valoración públicos y facilitar la revisión de las pruebas; y mejorar las condiciones materiales de los tribunales y los opositores.