El Ministerio de Igualdad parecía llamado a llevar adelante todas las medidas en materia de igualdad género. Sin embargo, el PSOE ignora sistemáticamente las medidas e intentos de Irene Montero de llevar adelante algunas de sus ambiciones. Prueba de ello es el estancamiento de la ley trans, las medidas en materia de no discriminación o el aborto. En su lugar, es la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, la que ha asumido las competencias que sobre el papel deberían pertenecer a Igualdad. Lo ha hecho abriendo una crisis interna entre Unidas Podemos y el PSOE que amenaza con romper las costuras de la coalición. Ahora, el vicepresidente del Gobierno y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, se la ha devuelto a Calvo negándose a apoyar la ley Zerolo. La discordia está servida.
Que el ministerio de Irene Montero se iba a convertir en una «cartera florero» estaba claro para algunos dirigentes socialistas. Durante las negociaciones para formar Gobierno, crear de la nada un Ministerio de Igualdad no sonaba bien para nadie, pero Montero necesitaba un ministerio para que Unidas Podemos apoyara la investidura del ahora presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El problema es que ese florero ha intentado llevar adelante algunas leyes y medidas relacionadas con cuestiones relevantes para la izquierda, como es el aborto o la ley trans, y el PSOE no solo les ha frenado en seco, sino que les ha desautorizado a nivel oficial y en público. Montero no pinta nada.
Montero tiene la ley trans, una polémica norma que busca que los adolescentes de 16 años que se sientan del sexo opuesto puedan hormonarse sin consentimiento paterno, además de que el cambio de sexo y el coste de todo el proceso se cargará a las arcas públicas. Por no hablar de otros detalles como que se reservarán plazas de funcionarios para los transexuales solo por serlos o que podrán definir su identidad en el DNI tan solo con decirlo (con una tercera opción: no binario). La ley Zerolo del PSOE, sin embargo, busca «prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también un sentido formativo y de prevención general». Los socialistas no quieren apoyar la ley trans y Unidas Podemos, en venganza, se niega a dar su apoyo a la ley Zerolo. Pero esto, de cara a la galería.
Montero tiene 451 millones de euros anuales para gastárselos en lo que quiera. No hablamos de la presunta niñera/directora general del ministerio, pero sí de conceder una buena cantidad de becas solo a estudios de género o conceder insignias feministas a las empresas que fomenten la igualdad de género; por no hablar de las ayudas directas a las empresas que fomenten la contratación de mujeres pescadoras. Sin embargo, el PSOE no deja a Montero que tome partido en cuestiones de Estado o que consideran relevantes para el futuro del país, como es el caso de la ley trans, materia de no discriminación o cualquier normativa relacionada con el aborto. Quien lleva los temas relevantes en este asunto es la vicepresidenta Carmen Calvo.
Montero tiene su cargo, sus asesores y su presupuesto para «jugar» en cuestiones menores de género, pero no le permiten entrar en asuntos relevantes porque fuentes internas del PSOE hablan de proyectos «chapuceros» a nivel jurídico y que provocan más tensiones que consenso en la sociedad. La ley trans es prueba de ello, cuyo contenido da para más de diez titulares controvertidos dadas las iniciativas que pretendía llevar adelante Montero.
El problema es que, aunque desde el PSOE daban por hecho desde el principio que Calvo sería la encargada de llevar todos los asuntos relacionados con la igualdad de género y la no discriminación, Montero está dando más problemas de los esperados. Tal es el nivel de tensión entre ambas que la propia vicepresidenta ha tenido que escenificar en una emisora de radio la ruptura entre las dos formaciones para frenar la ambición de Montero y sus ganas de hacerse notar con medidas en materia de género.
Iglesias, al darse cuenta de cómo el PSOE les pasa por encima y les obliga a agachar la cabeza en más de una ocasión, ha cogido las armas y ha asegurado que serán ellos ahora quienes no apoyarán las iniciativas de género que vengan de Calvo. Por eso, la ley Zerolo podría quedarse en el tintero.
LA LEY TRANS
La Ley Trans que promueve Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad sigue dando que hablar. Junto con la introducción y dotación presupuestaria para la introducción del género binario, y las tensiones políticas entre facciones feministas, está en el punto de mira por una de las novedades que espera introducir para cambiar la forma en la que los menores pueden acceder al cambio de sexo. Montero espera que la futura ley elimine el requisito para cambiar de sexo en el registro civil de contar con un diagnóstico médico o psicológico de disforia de género; y también del tratamiento hormonal obligatorio por dos años. La ley actual, la 2/2007 de 15 de marzo, impone ambos y recomienda el consentimiento patero. Algo que también quedará fuera de la Ley Trans de Montero.
Por ahora, el proceso que todos los menores transexuales deben seguir para sentirse en el cuerpo que realmente quieren más allá de su sexo, resulta complejo y judicialmente engorroso. Es uno de los puntos con los que se comprometió Podemos en su proposición inicial en 2018 para modificar la ley vigente. El proceso, sea el sujeto adulto o menor, implica dos años, que en el caso de los mejores se complica.
El tratamiento de cualquier menor transexual se aplica siempre de forma gradual. Idealmente, al alcanzar la pubertad, y siempre que el menor viva una situación de estabilidad identitaria, se le ayudan a bloquear el desarrollo de los primeros síntomas: aumento de vello, desarrollo de la nuez en el caso de los niños y del pecho en las niñas. Para ello se recurre a fármacos.
