viernes, 5 marzo 2021 15:01

Expertos piden reforzar la legislación sobre conflictos de intereses de los miembros de los reguladores

Expertos citados por la Comisión de Calidad Democrática del Congreso han alertado sobre la necesidad de reforzar la legislación en lo relativo a los conflictos de intereses de las personas que integran las agencias independientes y los órganos reguladores, de manera que se evite que, como ha ocurrido en otros países, el sector afectado promueva el desembarco en estos órganos de personas elegidas ‘ex profeso’ para favorecerle.

En esta idea han coincidido el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Andrés Boix Palop y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Juan Carlos I Manuel Villoria Mendieta, quienes han explicado esta semana en el Congresos sus recetas para mejorar la independencia de los reguladores y las agencias independientes.

“Hay que tomarse en serio los conflictos de intereses y los temas de inhibición”, ha planteado Boix, para quien las ‘puertas giratorias’ “generan un gran problema de descrédito democrático en España”.

Boix recalca que los reguladores no son meros órganos técnicos, sino que toman también decisiones políticas, por eso plantea que sean nombrados por el Parlamento y que, además de pedirles cuentas, las Cámaras les pongan ‘deberes’ fijándoles unas prioridades de actuación.

Asumiendo que la independencia total no existe, también sugiere que cuando el Parlamento examine la idoneidad de las personas propuestas para integrar los reguladores se les pregunte expresamente por sus preferencias y les haga pronunciarse por esa especie de ‘contrato programa’ que debería guiar su actuación.

Boix incluso vería bien que el Congreso tuviera capacidad para removerles de sus cargos en casos “muy graves” y mediante un “procedimiento complejo“, similar al ‘impeachment’ estadounidense. “Tendría que hacerse con mucho ‘show’ político y con visibilidad para que los ciudadanos juzguen si los motivos por los que se inicia el proceso son espurios o responden a un motivo razonable”, explica.

También apuesta por reforzar la independencia de las agencias y reguladores el catedrático Manuel Villoria, quien cree conveniente que la futura Agencia Anticorrupción y Antifraude anunciada por el Gobierno asuma las labores que ahora realizan la Oficina de Conflicto de Intereses y el Consejo de Transparencia, ambos adscritos ahora al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

“Debería crearse un órgano de prevención potente, como en Italia, en vez de que haya seis defendiendo cada uno sus competencias, lo que les hace más ineficientes”, sostiene uno de los fundadores de Transparencia Internacional.

Esa oficina debería, según su propuesta, analizar las declaraciones de patrimonio e intereses de las personas propuestas para los reguladores y alertar de todos los asuntos en los que tendrá que inhibirse “para que se vea si merece la pena nombrarlas o no”.

Como ejemplo de que en España “el tema de los conflictos de intereses no se toma en serio”, Villoria expone que en los ayuntamientos el encargado de visar las declaraciones de bienes de quienes ocupan las alcaldías es el secretario municipal que depende directamente de los alcaldes.

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en ICADE Mariano Magide, defiende estar vigilantes para no favorecer las ‘puertas giratorias‘, pero considera que la regulación de las incompatibilidades en las agencias independientes es “más o menos adecuada” en la actualidad.

A su juicio, que no se puede ir a una legislación “excesivamente maximalista” sobre los conflictos de intereses porque eso “obligaría a recurrir a gente que no tiene nada que ver con el sector y perjudicaría a su cualificación profesional”. “Hay que ponderar la distintas necesidades, para estas administraciones hacen falta expertos y no se les puede sacar de otro planeta”, argumenta.

En su opinión, quien sea elegido para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debe tener conocimientos financieros que puede haber adquirido como funcionario, pero no se puede limitar la búsqueda de personas cualificadas a la administración porque eso implicaría “agotar posibles minas de talento que son necesarias”.