El consejero de Justicia, Seguridad y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha señalado este martes que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) «debe hacer más» para controlar la inmigración irregular si bien se opone al «blindaje policial» del archipiélago.
En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento, ha comentado que siguen con «interés y preocupación» la labor de Frontex, sujeta a una comisión de investigación en el Parlamento Europeo por posibles «devoluciones en caliente’.
No obstante, ha apuntado que por ahora no ha habido «incidencias» que afecten al despliegue de Frontex en Canarias, que empezó con algo más de una decena de agentes en noviembre y va a sumar un total de 26.
Según Pérez, el dispositivo debe trabajar en los países de origen de la migración para «impedir» las salidas ilegales y promover la repatriación y la continuidad de los viajes a Europa en los casos que sea posible, insistiendo en que la «solución» a este fenómeno pasa por una política «común, responsable y solidaria».
«No queremos ser Lampedusa ni Lesbos, no hay razones legales ni morales para serlo, ni tampoco la isla de Ellis, un depósito fronterizo y aduanero», ha señalado.
Juan Manuel García Ramos (CC-PNC) ha comentado que Canarias ha tenido «mala suerte con la ola inmigratoria» debido a la «falta de respeto» de la UE que impide la solidaridad vinculante y responsabilidad compartida de los estados miembros.
Además, ha advertido de las «rivalidades insólitas» entre Policía Nacional, Guardia Civil y Frontex para ejecutar sus competencias por lo que ha pedido a Pérez que convoque la Junta de Seguridad acorde al Estatuto de Autonomía «para sentarlos a la mesa y ver como están funcionado».
El diputado nacionalista ha demandado más «coordinación» e instado al Gobierno regional a que «aproveche» los recursos materiales y económicos de Frontex para «neutralizar» la ola migratoria que afecta al archipiélago.
