La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha subrayado este miércoles que el desalojo de las viviendas ocupadas por colectivos vulnerables debe llevarse a cabo con «las necesarias cautelas», ya que puede suponer un «riesgo vital» para estas personas y afectar a otros derechos constitucionales.
«En los casos de menores, personas vulnerables o necesitadas de especial protección, el desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente debe adoptarse siempre con las necesarias cautelas», ha reiterado la asociación fiscal en un comunicado.
Así, ha defendido que, «en situaciones de crisis sanitaria y económica como la que vivimos, el impacto de las medidas de desalojo en colectivos especialmente vulnerables puede constituir también un riesgo vital para estas personas, si no se realiza con las adecuadas medidas de protección».
La UPF ha indicado que, «aún siendo una medida legítima, puede cuestionar otros derechos constitucionales como el derecho a una vivienda y la dignidad de la persona», reivindicando que «la ponderación y el necesario equilibrio entre los derechos en juego, pero también su efectiva protección, son la garantía de una sociedad más justa y avanzada».
PONDERAR INTERESES
A este respecto, ha querido destacar una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que establece que, «en los casos en los que en la vivienda que vaya a ser desalojada habiten personas vulnerables, en riesgo de exclusión social o estén necesitadas de protección por cualquier otra causa, el órgano judicial habrá de ponderar los intereses en conflicto».
En concreto, el TS –según ha recordado la UPF– señaló que antes de autorizar la entrada para el desalojo, el órgano judicial «deberá verificar que la administración ha adoptado las medidas necesarias para no dejar desamparadas a las personas más vulnerables, y que aquellas medidas son suficientes y proporcionales para la protección de las personas».
