Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, siendo absueltos el resto de acusados, ha defendido que el informe elevado por la Policía Nacional al Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, tras reabrir el mismo la causa archivada en 2013 contra el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, a quien éste acusaba de ser el verdadero autor del crimen, «corrobora» esta última versión.
En declaraciones, Antonio del Castillo ha sido cauto a la hora de valorar el contenido del mencionado atestado policial, que sumaría más de 200 páginas, después de que tiempo atrás la familia aportase al juzgado información según la cual fueron «falsificados» documentos como «nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta», para conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto a la vivienda de la calle León XIII de la capital andaluza donde fue cometido el crimen.
La familia, en ese sentido, atisba un «posible fraude de falsificación de documentos» que a su juicio daría veracidad a la séptima versión de los hechos manifestada por Miguel Carcaño, con la que aseguraba que su hermano mató a la joven en el marco de una discusión por dicha hipoteca.
Al respecto, Antonio del Castillo ha asegurado que el informe policial confirma que «todos los papeles» entregados para la concertación de la citada hipoteca «son falsos». «Son todos falsos. Hay algo más por detrás y el único beneficiario de todo eso es el hermano de Miguel», ha aseverado el padre de Marta del Castillo, insistiendo en que el atestado policial «corrobora la última versión» de Carcaño sobre el crimen.
«COMPROBAR LA VERACIDAD» DE LA TESIS
En el auto de reapertura de aquellas diligencias de 2013, el juez instructor acordaba «comprobar la veracidad» de la información aportada por la familia de la víctima y si de esta nueva documentación «resultan hechos que pudieran ser conducentes a esclarecer el lugar en el que se encuentre el cuerpo de la joven» o la posible participación en su muerte de «terceras personas» que hasta la fecha «no estuviesen enjuiciadas por tales hechos».
Para ello, el juzgado acordaba reabrir estas diligencias y encomendar la realización de la investigación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hasta la fecha venían investigando la muerte de la joven sevillana, es decir a la Policía Nacional.
En paralelo, Antonio del Castillo ha comentado la carta anónima recibida a comienzos de año indicando respecto al cadáver un lugar en el entorno de unos de los puentes que cruzan el Guadalquivir en el término municipal de La Algaba, aspecto ya incorporado a la investigación policial.
A su entender, tal aspecto tiene «muchas posibilidades», porque aunque la Policía Nacional haya determinado que el lugar señalado en la carta «es inaccesible por tierra», él entiende que el cuerpo habría sido «arrojado desde el puente».
