La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y, tras el «demoledor» dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos, elabore una ley que permita «invertir bien» estas ayudas para la recuperación de España tras la crisis del coronavirus.
«Ayer conocimos el informe del Consejo de Estado» y «no nos extraña que el Gobierno lo haya escondido en un cajón» porque «es demoledor», ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso. «Es una enmienda a la totalidad de este decreto» y «un auténtico varapalo para la cacicada del Gobierno», ha añadido.
Según Arrimadas, el decreto ley que fue convalidado por la Cámara Baja gracias al apoyo de varios partidos y a la abstención de Vox establece que «Sánchez e Iglesias pueden repartir como les dé la gana decenas de miles de millones de euros» de la Unión Europea, «sin controles, sin criterios de eficacia y eficiencia por una agencia independiente, sin ningún tipo de control democrático».
Por ello, ha reclamado al Ejecutivo de coalición que «rectifique» para que, en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley derivado del decreto, se hagan los cambios necesarios para poder «invertir bien esos fondos europeos».
CREAR UNA AGENCIA INDEPENDIENTE
En este sentido, la presidenta de Ciudadanos ha instado al Gobierno a aceptar la creación de una agencia independiente que se encargue de «evaluar con objetividad los proyectos» a los que se destinarán las ayudas, una propuesta que la formación naranja planteó en una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que fue rechazada por el Pleno del Congreso.
También ha apelado a Vox, al que ha acusado de permitir –primero con su abstención ante el decreto y después al votar en contra de la enmienda de Cs– que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias puedan gastar ese dinero «sin control» y sin aplicar «criterios objetivos y técnicos».
En el dictamen sobre el decreto ley del Gobierno, el Consejo de Estado muestra su «preocupación» por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» y señala «graves insuficiencias» en el contenido de la memoria, que, entre otras cosas, carece de un análisis del impacto presupuestario.
