La Audiencia Nacional comienza este miércoles a juzgar a los siete miembros de un grupo organizado en España que enviaba material de guerra, dinero y componentes de explosivos a Siria e Irak por encargo del DAESH, que les llegó a pedir diez toneladas de uniformes militares. Fiscalía pide penas de prisión de entre 13 y 28 años para los acusados.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha programado once sesiones, que se alargarán hasta el próximo 15 de abril, para juzgar a los acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación del mismo y blanqueo de capitales, que fueron procesados en febrero de 2017.
El escrito de acusación provisional de la Fiscalía relata que Ammar Termanini, a través de su empresa Tigre Negro, lideraba una red que «enviaba contenedores de mercancías por vía marítima al puerto turco de Mersín, para posteriormente ser transportadas en camiones hasta el puesto fronterizo con Siria de Bab al Hawa, declarando en los documentos de los envíos que la mercancía era ropa y calzado de segunda mano».
En realidad, señala el Ministerio Público, con la supuesta venta de ropa usada, Termanini ocultó el envío de «material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, así como componentes de explosivos y armas de fuego, que han acabado en las manos de las organizaciones terroristas que operan en zonas de conflicto en Siria e Irak, singularmente: Jabhat al Nusra y Estado Islámico».
Según explica el escrito, para poder introducir estos envíos en zonas en guerra, la red contaba con otros miembros asentados en otros países, como Siria, Egipto o Turquía, que se encargaban de la logística. Estas personas entregaban y distribuían la mercancía entre los grupos yihadistas, y que les permitía conocer cuales eran sus demandas y atender las mismas.
FINANCIACIÓN DE GRUPOS TERRORISTAS
De este modo, se financiaban las organizaciones terroristas, ya estas exportaciones suponen una fuente de ingresos para las mismas, puesto que imponen los impuestos y gravámenes en su zona geográfica de influencia por conceptos diversos, tales como mercancías que transitan por sus territorios, que se adquieren y/o se venden bajo concepto de seguridad, apostilla el Ministerio Público.
El escrito de acusación provisional concreta que Termanini utilizaba su empresa para dar cobertura legal a los envíos y que la mercancía viajaba oculta en ‘balas’ de ropa usada, las cuales se cerraban y precintaban con máquinas. Éstas se situaban en la parte delantera de los contenedores, colocando a continuación las bolsas de ropa y calzado de segunda mano, para que fuera lo primero que se viera en caso de inspección.
Por todo ello, el Ministerio Público pide para Ammar Termanini la pena de 28 años de cárcel por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de organización terrorista, blanqueo de capitales, enaltecimiento del terrorismo y tenencia de arma de fuego reglamentada.
La acusación también se dirige a Nourdine Chikar Allal, Simón Richart Lucas, Mohamed Abu El Rub Karima por sufragar los costes de los envíos de mercancías que hacía el líder de la célula, por lo que el fiscal interesa 23 años de prisión para cada una de ellas por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de grupo terrorista y blanqueo de capitales.
El Ministerio Público describe a estos acusados como «prestamistas o socios, mediante inversión de capital» de Termanini, cuyo función era financiar la actividad del líder de la organización y así evitar que éste recurriera al sistema bancario tradicional, por el que se vería sometido a controles legales.
BLANQUEO A TRAVÉS DEL SISTEMA ‘HAWALA’
«Disponen de importantes sumas de dinero en efectivo», cuya procedencia son distintas: en el caso de Simon Richart Lucas, la Fiscalía señala que nace de sus actividades como empresario, mientras que en el de Mohamed Abu El Rub Karima indica que el origen es su negocio de intermediación como ‘hawaladar’.
‘Hawala’ significa transferencia en árabe y es un método basado en instrucciones orales entre personas de confianza con el que se saltan los controles de las autoridades e impidiendo la trazabilidad de las operaciones, según explica la Fiscalía.
En cuanto a Nourdine Chikar, el Ministerio Público señala que facilitó la utilización del entramado de sus empresas textiles, así como sus contactos personales por todo el mundo para que Ammar Termanini pudiera realizar sus exportaciones de material a Siria e Irak, «siendo su labor esencial proveerle de esa financiación en especie para realizar los envíos».
Además, afirma que las cuentas de sus empresas experimentaron en poco tiempo un «gran incremento patrimonial, fundamentalmente mediante ingresos en efectivo (cerca de 10.000.000 euros en tres años) y transferencias provenientes de empresas radicadas en países con férrea legislación respecto al secreto bancario (Suiza), cuyo objeto social difiere totalmente de la importación-exportación de ropa de segunda mano».
OTROS MIEMBROS DEL GRUPO
La Fiscalía también solicita 23 años de prisión para otros dos miembros de la organización y personas de «confianza» de Temanini: Ahmed Assiali y Mohamed Arfan Zibak. El primero, trabajador de la empresa Tigre Negro, era el encargado de «clasificar» la ropa, organizar el empaquetado en «balas» de diferentes colores con mensajes serigrafiados según el contenido de su interior, en clara referencia a prendas y uniformes militares.
El segundo, quien llamaría «jefe» a Termanini, habría participado de «forma activa y frecuente» en la organización, realizando una serie de transferencias de dinero a diferentes países que nada tienen que ver con la explotación de su negocio de kebab. El Ministerio Público destaca que este acusado además tenía anotaciones manuscritas de esas transferencias con nombres que han aparecido a lo largo de la investigación relacionados con Ammar Termanini, y con el envío de 20.000 uniformes militares a la organización terrorista DAESH.
Por último, Hitham Saka Al Kasm, para quien se pide 13 años de cárcel por financiación de organización terrorista y blanqueo de capitales, ejerció «un importante papel dentro de la estructura de envío de material realizada a través de Tigre Negro», dice la Fiscalía.
El escrito apunta que este acusado se convirtió en un «recurso habitual para la gestión de los pedidos realizados por las organizaciones terroristas que operan en Irak y Siria», en cuanto se refiere a la consecución de los uniformes o el encargo de yodos y fosfatos que servirían como precursores para la fabricación de explosivos.
CONVERSACIONES TELEFÓNICAS Y MENSAJES EN FACEBOOK
Por otro lado, el escrito de acusación provisional también detalla las imágenes almacenadas en los dispositivos intervenidos a Termanini, en las que éste aparece en Siria portando armas de guerra junto con otros individuos también armados; o los mensajes publicados en la red social Facebook que demostrarían la «extrema ideología yihadista y sus vínculos con las organizaciones terroristas».
A ello añade que el líder del grupo, en sus conversaciones telefónicas, afirma tener los contactos y recursos necesarios para que «pisen el cuello» a la familia de su exmujer, lo que para el fiscal demuestra «las buenas relaciones, cuando no la propia integración en la mencionada Organización terrorista Frente al Nusra, que es quien controla su ‘pueblo'».
