El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo lunes 8 de marzo.
Esta declaración se produce a una semana de la celebración de un 8M marcado por las diferencias existentes en el movimiento feminista –que se han visto reflejadas en los socios de Gobierno– y la polémica por la celebración de concentraciones o manifestaciones en época de pandemia.
Por el momento, en la capital ha dos convocatorias. Una la que ha realizado la Comisión 8M, organizadora de las multitudinarias manifestaciones que se han registrado en los últimos años, y otra por parte de la organización ‘8M Movimiento Feminista de Madrid’.
Esta separación es consecuencia de los debates que han surgido en torno a la aprobación de las leyes Trans y LGTBI que ha redactado el Ministerio de Igualdad y que, según ha denunciado el departamento de Irene Montero, están paralizadas por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, que ha mostrado su oposición a estas normas.
El PSOE comulga con la postura del conocido como ‘feminismo clásico’ que está en contra de la autodeterminación de género. Consideran que «el sexo es un hecho biológico y el género una construcción social». Así, a través de un argumentario que repartieron entre sus militantes en junio de 2020, reivindicaban el sexo como el elemento de identidad, frente a la libre determinación del género.
La propia Calvo, ha sido crítica con la Ley Trans de Igualdad, por permitir que la rectificación registral de una persona transexual tenga como único requisito del expreso deseo de la persona.
DOS CONVOCATORIAS
«Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles; eso tiene que tener unas garantías», explicó Calvo en una entrevista.
Junto a la ‘número dos’ del Gobierno se encuentra la Asociación ‘8M Movimiento Feminista de Madrid’, del que forman parte organizaciones que denuncian el ‘borrado’ de las mujeres o contra la teoría queer.
Frente a ellas, está la Comisión 8M quien ya explicó, que su posición está con los derechos de las personas trans y que cualquier asociación que «ataque» a estos derechos humanos «no entra» en su relato.
ULTIMÁTUM DEL COLECTIVO TRANS
Junto a estas últimas se encuentra Podemos que ha asegurado que acompañarán a las organizadoras de la Comisión 8M en aquellas convocatorias que sean autorizadas. Desde el Ministerio de Igualdad, liderado por la ‘morada’ Irene Montero, se remiten a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a la delegación de Gobierno.
Las polémicas por la Ley Trans han provocado el enfado del colectivo de personas transexuales. Algunas organizaciones han pedido a Podemos y al resto de partidos en el Congreso que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, que registren este texto como proposición de ley para su tramitación en la Cámara. Han puesto como límite el 18 de marzo. Si no, comenzarán una huelga de hambre.
