La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reclamado este martes a los diputados del Congreso «aquí y ahora», la aprobación de un nuevo Estatuto Fiscal que esté listo cuando entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye la instrucción penal a los fiscales.
El texto debería incluir mayores estándares de autonomía para esta institución «de forma que se acabe definitivamente con la imagen suspicaz de la Fiscalía como un negociado del Ministerio de Justicia».
Así lo ha señalado Delgado durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha acudido para cumplimentar, con meses de retraso debido a los parones parlamentarios por la pandemia de covid, con el trámite legal de presentación de las últimas memorias de su departamento, relativas a los ejercicios de 2018 y 2019.
Al igual que hizo en el Senado, donde expuso un discurso casi idéntico al de este martes, Delgado ha presentado a los legisladores sus propuestas de reforma estatutaria, entre los que ha incluido la relativa a la autonomía de asuntos administrativos, relativos a bajas, sustituciones o asuntos disciplinarios o gestión de viajes.
Estas atribuciones no carecen de importancia pese a que en principio puedan parecerlo, ha subrayado. Como ejemplo, que una vez los fiscales se pongan a instruir, ha destacado que la organización de una comisión de servicio para ir a investigar a otros países no debería depender del ministro de Justicia de turno.
También propone que la Fiscalía cuente con presupuesto propio «para realizar pericias, contratas a expertos etc., gastos imprescindibles para una investigación no puede depender de la autorización de un tercero». Reclama igualmente que la Fiscalía pueda regular de modo propio su estructura y composición.
CONTRAPESOS A LA ELECCIÓN DEL FISCAL
Delgado se ha referido también al actual sistema de elección de este cargo por el Gobierno, que defiende, para apuntar que no estaría de más que contara con contrapesos que eviten que se pervierta su autonomía. Así, se ha mostrado abierta a la inclusión en el sistema de cautelas adicionales, como puede ser la existencia de varios candidatos o la «participación de la población civil».
Con respecto al la reforma de la LeCrim, Delgado ha afirmado que «sería deseable un consenso amplio más allá de posiciones ideológicas» con el fin de que ésta se pueda consolidarse.
Así, ha recordado que su departamento ha emplazado a toda la carrera fiscal a realizar aportaciones al Proyecto y que hace tan sólo unos días ofreció al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la cooperación de un grupo de trabajo de fiscales para la mejora del texto.
Además, y al igual que hizo en su comparecencia de hace una semana en el Senado, Delgado ha reiterado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso la propuesta del Ministerio Público para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisión, como el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.
La propuesta parte de las sugerencias propuestas en la última memoria de la Fiscalía uno de los mayores expertos de la materia como es el fiscal jefe de delitos de odio de Barcelona.
