La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, ha adelantado que la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, que vendrá a sustituir la actual de 1998, no llegará a las Cortes antes del próximo otoño.
El Gobierno ha fijado como una de sus prioridades de la nueva Estrategia de Acción Exterior 2021-24 la reforma de la cooperación española, lo que pasa tanto por la adopción de la nueva ley como la renovación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre otros.
Moreno ha adelantado que en las próximas semanas se presentará la Nueva Visión de la Cooperación Española mientras que en lo que se refiere al nuevo texto legal, el proyecto de ley no llegará hasta otoño para su discusión a Congreso y Senado.
Ante las peticiones por parte de los distintos grupos parlamentarios de que se remita el anteproyecto en el que se está trabajando, ha aclarado que aún no hay un borrador y que de hecho confía en recibir las aportaciones que realice en su informe la subcomisión que está en marcha para abordar la reforma de la Cooperación para su inclusión.
Al margen de eso, sí que se está trabajando ya en ello, analizando informes sobre la materia de diverso tipo, y se está reflexionando desde hace tiempo en esta reforma, ha asegurado, comprometiéndose a facilitar en la medida de lo posible la labor de los diputados.
Moreno ha adelantado en todo caso que la futura ley debe adaptarse a la Agenda 2030 y al reto del cambio climático y debe proceder a «revisar de forma integral la cooperación financiera, reforzándola y modernizándola».
Asimismo, ha resaltado que el sector privado empresarial es «un socio fundamental para el desarrollo sostenible» y ha apostado por «impulsar la creación con dicho sector de un marco de colaboración con una visión común y proyectos conjuntos que conjuguen los beneficios y rentabilidad de las empresas con el logro de resultados de desarrollo sostenible».
REFORMA EN PROFUNDIDAD
La secretaria de Estado ha asegurado que el deseo del Gobierno es acometer «una reforma del sistema en profundidad, no solo para que podamos seguir cooperando, sino para que hagamos mejor y de forma más eficaz nuestro trabajo.
En este sentido, ha repasado las «fortalezas» que, a su juicio, tiene la cooperación española, principalmente su «prestigio internacional», su «capital humano cualificado y comprometido» y también el «fuerte respaldo» de los españoles.
Igualmente, ha añadido, el sistema tiene «debilidades», empezando por «un marco legal y procedimental inadecuado para cumplir con sus objetivos», ya que la ley anterior es de 1998, y pasando por «la falta de coordinación del sistema que, si bien es rico y diverso, puede resultar en ocasiones disperso y fragmentado».
Moreno ha hecho mención especial a la AECID, cuya estructura, ha afirmado, «está desactualizada». En este punto, se ha referido también a los problemas laborales dentro de la misma, dado que el personal en el exterior es esencialmente laboral y por tanto, puesto que los sueldos no son competitivos y no tiene posibilidad de una carrera en Madrid, suelen fichar por otras agencias u organismos.
«Es imperativo dignificar las condiciones de trabajo del personal de AECID en el exterior», ha reivindicado, sosteniendo que «la atracción, la retención, la especialización y la promoción de los recursos humanos deben ser prioritarias» en la reforma que se prevé acometer.
La secretaria de Estado ha mencionado además los problemas relativos a las subvenciones, lo cual tiene un impacto en la gestión tanto de la AECID como de la FIIAPP, «lo que puede acabar poniendo en peligro carteras de proyectos de cooperación delegada de la Unión Europea».
COOPERACIÓN DELEGADA
Dicha cooperación que asciende a unos 1.000 millones de euros, es también cooperación española puesto que procede de los presupuestos europeos, ha resaltado. En este sentido, ha señalado que se quieren simplificar las estructuras y la coordinación de la cooperación delegada, evitando «desajustes» en su gestión y aspirar a participar en más proyectos.
Actualmente, ha precisado, España es el tercer país en cooperación delegada, «muy lejos de Alemania y Francia», a la cabeza, pero «aspiramos a crecer» puesto que esto revierte en «nuestra presencia, nuestra voz y nuestra capacidad de influencia en la política europea de cooperación para el desarrollo».
Moreno ha recalcado que el deseo del Gobierno es que «el nuevo sistema de la Cooperación Española y el conjunto de la nueva arquitectura institucional, incluida la cooperación financiera, esté en pie en 2022». Esto permitirá, ha añadido, facilitar que en 2023 se pueda «alcanzar el compromiso de dedicar el 0,5 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) a ayuda oficial al desarrollo».
