miércoles, 21 abril 2021 23:18

Un informe jurídico avala la viabilidad de una futura Ley vasca Antipandemia

El Gobierno Vasco remitirá a los grupos parlamentarios un informe elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo que avala la viabilidad de una futura Ley vasca antipandemia que dé seguridad jurídica a las medidas que adopten de urgencia las instituciones de Euskadi ante situaciones como la vivida con la covid-19.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Iñigo Urkullu han elaborado un informe que analiza el contexto para la elaboración de una Ley sobre el régimen de la gestión en situaciones de crisis de salud pública, que se facilitará a los partidos políticos con representación parlamentaria.

Se trata de una opinión legal de referencia en torno a la idoneidad de la elaboración de una nueva norma que afiance o incremente las garantías jurídicas de las medidas para afrontar situaciones como la pandemia de la covid-19 y, además, clarifique las herramientas a disposición de las instituciones ante la pandemia.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha comparecido en Vitoria ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal y ha explicado los aspectos principales del informe jurídico elaborado por el Servicio Jurídico Central sobre la viabilidad de una ley integral anticovid que atienda a “las necesidades internas” de Euskadi en esta materia.

Según ha dicho, el informe concluye que existe la oportunidad de “definir un marco claro, tanto para la ciudadanía como para el Gobierno, que ayude a la lucha más efectiva contra la pandemia y sus consecuencias”.

Además, indica que el hecho de elevar estas medidas a rango de ley otorgaría una mayor seguridad jurídica a las mismas y señala que el hecho de que el Parlamento Vasco asuma este “reto”, redundará en una “mayor aceptación y comprensión por parte de la ciudadanía haciéndonos a todos más partícipes y corresponsables”.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno Vasco va a remitir este informe a todos los grupos representados en la Cámara vasca para que puedan estudiarlo y “obrar como estimen oportuno”.

Garamendi ha defendido que esta ley debe tener un recorrido parlamentario “más rápido del habitual”. “Vamos a darle la oportunidad a los grupos parlamentarios de que lo estudien y analicen. A partir de ahí, veremos si hay oportunidad o un consenso, que siempre suele ayudar a que las cosas sean más rápidas”, ha señalado.

Preguntada sobre si el Gobierno Vasco ha comenzado ha elaborar un proyecto de ley o lo va a dejar en manos del Parlamento, Garamendi ha respondido que para el Ejecutivo es “primordial” que el informe jurídico y la reflexión previa hecha en el seno del Gobierno se remita a los grupos parlamentarios “previo a cualquier otra consideración”. “Cualquier tipo de actividad legislativa requiere de una reflexión previa sobre su necesidad. Estamos en ese punto”, ha insistido.

La consejera ha reiterado que el objetivo del Gobierno es que este análisis jurídico que apunta a la “viabilidad” de una norma que “daría mayor seguridad jurídica, claridad y dotaría a los ciudadanos de un entrono de mayor seguridad jurídica”, se traslade a los grupos parlamentarios “para ver si se pueden encontrar los consensos suficientes para seguir adelante con un texto”.

Garamendi ha subrayado que esta situación de pandemia es “absolutamente excepcional” y ha indicado que esta reflexión busca “tener los instrumentos jurídicos mejores, que ayuden a la ciudadanía a salir de esta pandemia”. Por ello, ha reiterado que acuden al Parlamento para “compartir la reflexión” hecha por el Gobierno con los grupos parlamentarios.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, también ha sido preguntado por la posición del PSE ante esta futura Ley Antipandemia.

Hurtado ha manifestado que comparte las explicaciones de la consejera Garamendi y cree que este es el “momento oportuno” para que “sean los representantes de la ciudadanía quienes delimiten las acciones ante la situación de covid-19”.

EL INFORME JURÍDICO

La consejera ha sostenido que este informe jurídico analiza la viabilidad de aprobar una ley que determine el régimen de la gestión en situaciones de crisis de salud pública como la de la actual pandemia de coronavirus, lo que se ha denominado Ley vasca Antipandemia.

Este informe, elaborado por el Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco, contextualiza y pone de relieve la “grave emergencia actual” y que ha supuesto y supone importantes retos para las administraciones públicas, a todos los niveles y desde múltiples perspectivas, unos retos que “ponen a prueba a nuestras instituciones de autogobierno”.

El texto subraya que la pandemia requiere de respuestas urgentes, que deben adoptarse en un contexto complejo y destaca que las administraciones se mueven en un marco legal temporal y excepciones o la revisión judicial “especialmente intensa” por estar vinculada a consideraciones en relación con los derechos fundamentales.

Además, resalta la importancia de continuar involucrando al conjunto de poderes públicos vascos y a todos los niveles institucionales, lo que redundaría en una mejor comprensión y socialización de las soluciones complejas que hay que implementar.

En este sentido, Garamendi ha destacado que una de las conclusiones es que, desde el plano jurídico, “la ley constituye la herramienta más eficaz para ordenar el comportamiento de todas y todos, ya que es la máxima expresión del autogobierno” vasco.

“Por lo tanto, quien mejor puede ocuparse del diseño de nuestro marco de actuación y de su mejor acoplamiento a las circunstancias actuales, es el Parlamento vasco; es la vía apropiada para hacer partícipe a toda la sociedad vasca en la adopción y comprensión de las medidas”, ha señalado.

Respecto al marco legal, tras reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar una ley Antipandemia, se concluye esta podría ser un “instrumento práctico, influyente y útil”.

El informe toma como base todo el marco legal y defiende que la primera línea de actuación y responsabilidad en la gestión de la pandemia debe corresponder a las instituciones vascas por sus propias competencias y también porque son las que tienen la experiencia, el sostén legal y los instrumentos prácticos y jurídicos necesarios para actuar de forma “inmediata y efectiva”.

No se obvia que el alcance de la acción pública se debe diseñar dentro del marco jurídico extraordinario que supone el Real Decreto de Estado de alarma que lo condiciona todo. No obstante, ha subrayado que “este paraguas que ofrece dicho Estado de alarma, no deja de ser una parte importante, pero una parte”, por lo que “es posible contemplar un mayor abanico de soluciones jurídicas, colectivas y particulares, de toda índole, que exige la atención a la pandemia”.

RESPETO A LA REGULACIÓN ESTATAL

Los Servicios jurídicos consideran, por tanto, que es posible plantear una ley que atiende las necesidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, respetando la regulación estatal.

Esta ley detallaría el espacio habilitado por las leyes orgánicas correspondientes, además de por las competencias derivadas del Estatuto de Gernika, y señala que “puede ayudar a reducir los márgenes de interpretación de las habilitaciones con las que las autoridades han actuado, sin ánimo de polemizar con otros poderes”.

“Esta ley puede aportar concreción, claridad y seguridad, tanto a la ciudadanía como al Gobierno, de tal forma que podamos hacer frente a esta situaciones tan graves e imprevisibles, con máxima seguridad jurídica”, ha resumido la consejera.

El informe también considera que deben caber modulaciones de los derechos fundamentales regulados por el estado de alarma, que deben ser “previsibles, limitadas, necesarias, eficaces y proporcionales”.