El juicio por el caso de la ‘caja b’ del PP, que la Audiencia Nacional tiene previsto retomar la próxima semana, ha obligado al Congreso a desplazar del 11 al 17 de marzo la comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas ante la comisión que investiga el caso ‘Kitchen’.
La comisión había fijado inicialmente el 11 de marzo el arranque de las comparecencias, con la de Bárcenas, pero al coincidir con la vista oral, finalmente este martes la mesa de la comisión ha decidido retrasarla una semana. Según han precisado fuentes parlamentarias, ésta tendrá lugar por videoconferencia el día 17.
La defensa de Bárcenas ya había avisado a la comisión de la posibilidad de que hubiera que variar la fecha de la comparecencia de su defendido ante la decisión de la Audiencia Nacional de retomar el juicio que quedó suspendido hace unas semanas como consecuencia del positivo en Covid de uno de los implicados.
Al final, el tribunal ha fijado que Bárcenas empiece a declarar en el juicio por el presunto pago con dinero de la ‘caja b’ de la reforma de la sede del PP el 8 de marzo y prevé comenzar a citar a los testigos el jueves 11. El acusado tiene derecho a estar presente en todas las sesiones de juicio, aunque su abogado pidió que le dispensara de asistir una vez finalice su declaración.
EL 18 DE MARZO, MÁS COMPARECENCIAS
La Mesa de la comisión de investigación ha retrasado también al 17 de marzo la comparecencia de Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados, quien sí acudirá al Congreso a prestar testimonio justo después de Bárcenas.
Para el día siguiente, el 18 de marzo, se mantienen las comparecencias de Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en Dirección Adjunta Operativa del su entonces máximo responsable, Eugenio Pino, y a José Antonio Rodríguez González conocido como ‘comisario Lenin’.
En todas las comparecencias, cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 15 minutos para formular preguntas al compareciente en un formato de interrogatorio, sin intervención inicial. La Presidencia, que ocupa la socialista Isaura Leal, irá moderando la sesión y los tiempos.
MÁS TIEMPO PARA TRABAJAR
No obstante, aunque las comparecencias no arranquen hasta el día 17, la comisión se reunirá el día 11 de marzo, como tenía previsto, para analizar otras cuestiones. En primer lugar, tiene que acordar la ampliación del plazo para su funcionamiento porque contaba con un periodo inicial de tres meses que expirará a finales de este mes. En concreto, el Pleno del Congreso aprobó crear esta comisión el pasado 1 de octubre, pero no se constituyó hasta el 22 de diciembre, con lo que ese primer plazo vencía el 22 de marzo
Además, la comisión también tiene previsto analizar en esa sesión la negativa del juez instructor del caso ‘Kitchen’, Manuel García Castellón, a entregar la documentación solicitada por este órgano alegando que este asunto «se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado».
En un breve informe fechado el 22 de febrero, el magistrado indica que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al establecer que las diligencias «serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral».
A esto, el magistrado suma que hay «límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario». Por eso incide en que no remite lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación de ‘Kitchen’ escudándose en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A FINALES DE ENERO
Fue el pasado 28 de enero cuando la comisión reclamó información relativa al ex comisario José Manuel Villarejo –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7 del caso ‘Tándem’– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.
Los parlamentarios también solicitaron acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.
Asimismo, el Congreso demandó todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.
