El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente un real decreto ley que suspende los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables y los cortes de suministro hasta el fin del estado de alarma, previsto para el quinto mes del año
Armarse de paciencia, esa es la única solución que muchos propietarios están encontrando al ansiado deseo de recuperar su inmueble ocupado. Con la intención clara de cumplir su promesa de “no dejar a nadie atrás”, el Gobierno de coalición decidió reforzar hace un par de semanas su ‘Escudo Social’ y extender hasta el fin del estado de alarma, fijado de momento en el 9 de mayo, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a familias vulnerables.
Esta medida, tal y como explicó en el Congreso de los Diputados el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pretende otorgar algo más de tiempo a los servicios sociales para que puedan ofrecer soluciones reales a aquellos inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional. No obstante, esta decisión no termina de gustar entre los propietarios, que ven con resignación cómo se incrementan las dificultades para recuperar su vivienda.
El malestar de los propietarios
Los hay que cansados de una situación que con la entrada del mes de marzo va camino de cumplir un año han decidido levantar la voz y mostrar su descontento. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que representan el sentir de muchos propietarios españoles al afirmar que esto supone “la legalización de la ocupación ilegal y convierte a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas”. Poniendo como ejemplo de esto último el “reciente incendio vivido en una nave ocupada en Barcelona”.
Esta asociación, en unas declaraciones realizadas para el diario digital EL ESPAÑOL de su directora general Beatriz Toribio, considera que este tipo de medidas generan “un efecto llamada a nuevas ocupaciones” y “perjudican a los colectivos con menores recursos, ya que hay menos oferta de vivienda, es más cara y los propietarios priorizan a los inquilinos más solventes”.
Los consejos de los especialistas
Ante una situación tan particular como esta, el consejo de especialistas como el abogado Kenari Orbe es “no asumir riesgos, ni recurrir a acciones al margen de la ley como puede ser el acceso a la vivienda, cortar los suministros o tratar de forzar el desalojo”. Él añade que, “aunque parezca difícil de comprender, al entrar a la vivienda el propietario podría tener repercusiones legales” y se podría dar el caso de que “los inquilinos que ocupan la vivienda puedan denunciar al propietario por allanamiento de morada”.
Por ello asegura que “en la gran mayoría de los casos, por no decir todos, la solución pasará por acudir a la vía civil y seguir el procedimiento habitual”. Por eso si el propietario tiene claro que el inquilino no va a pagar, y teniendo en cuenta la saturación actual que impera en los juzgados nacionales fruto del parón de la actividad provocado por la Covid-19, sumado al retraso habitual acumulado, el mejor consejo es interponer cuanto antes la demanda de desahucio para tratar de adelantar lo máximo posible la solución del conflicto.
De hecho, sobre esto último hace especial hincapié otro de los abogados consultados, Fernando Castellanos del despacho Castellanos y Asociados. Dicho letrado apostilla que “uno de los errores más habituales que cometen los propietarios en este tipo de procedimientos es esperar demasiado, teniendo confianza de que el arrendatario les va a empezar a pagar la renta y el resto de gastos próximamente”. Cuando la realidad es que esto es generalmente “muy difícil”.
Por eso no es de extrañar que en los últimos meses como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Fernando Castellanos haya experimentado en su despacho “un ascenso notable en las consultas sobre impago de alquileres”. Un hecho que se ha notado especialmente en los “arrendamientos de locales donde había negocios que se han visto afectados por la crisis económica y sanitaria”.
Es más, la propia Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler reconocía el verano pasado que la morosidad se había disparado hasta el punto de triplicarse desde el inicio del confinamiento. Esta es sólo una muestra de una situación compleja y que arroja una difícil solución. A partir del 9 de mayo, si es que no se prorroga el estado de alarma o estas medidas, habrá un nuevo capítulo.
