El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado que el Partido Popular haya decidido hacer «política» sobre el acto simbólico organizado este jueves en el que se escenificará la destrucción de más de 1.300 armas pertenecientes a organizaciones terroristas, entre ellas las usadas por una decena de comandos de ETA desarticulados entre 1978 y 2002.
En una entrevista en RNE, el titular de Interior ha dejado claro que el acto tiene una gran «potencia» a la hora de «revalidar los valores constitucionales y éticos de primera magnitud». «Sencillo, breve, pero de un contenido intenso», ha señalado, recordando que fue el «propio» Centro Memorial Víctimas del Terrorismo el que solicitó su celebración.
Marlaska ha respondido de esta forma a la portavoz en la Comisión de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco, que aseguró que Pedro Sánchez y el propio ministro «quieren un baño de multitudes para blanquear su indignidad», en referencia a cuestiones como el acercamiento de etarras o el apoyo parlamentario de EH Bildu.
«Se quiere simbolizar sustancialmente algo que ha dejado claro el Centro, dejar constancia de que éste es una conquista del Estado de derecho», ha sostenido el ministro, que ha pedido a los ‘populares’ que no confundan «los extremos ni circunstancias» porque «una cosa es la política penitenciaria y otra la aplicación de la ley».
LAMENTA LA «MALA FE» SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PRISIONES
En esta línea, Grande-Marlaska ha dejado claro que el «Estado de derecho es tan fuerte» que lo que debe primar siempre es la «aplicación de la ley». «La ley no se aplica o se deja de aplicar en unos casos, no se es más garantista en unos supuestos y más laxo en otros. No confundir los actos. Este es un acto con un contenido de reafirmación de valores importante», ha sostenido.
Precisamente, el ministro se ha referido a la transferencia de Prisiones al País Vasco para lamentar la «mala fe» y la «interpretación torticera» realizada por algunos «partidos políticos del propio marco normativo».
«La transferencia está prevista en su propio Estatuto es una cuestión simple y llana de creernos el estado autonómico y descentralizado. Lo que se transfiere la gestión de los centros penitenciarios, no la política penitenciaria, que es una competencia exclusiva del Estado», ha recordado.
Así, y referido a los presos, Grande-Marlaska ha explicado que sobre los internos siempre hay «finalmente un control judicial», como se ha podido ver con el caso de los dirigentes independentistas encarcelados. «Al final, el control de la ejecución corresponde a los tribunales», ha zanjado.
