Prisiones hace la ‘vista gorda’ y permite privilegios a Pablo Hasél

Prisiones hace la ‘vista gorda’ en todo lo concernido a Pablo Rivadulla Duró, más conocido por ‘Pablo Hasél‘ y protegido de la CUP. El rapero, condenado a dos años y un día de cárcel, ha recibido la visita de diputados electos en el Parlament de Cataluña, como Laura Borràs, líder de JxCat junto a Carles Puigdemont; y Albert Botran, de los antisistema de la CUP.

En esta última visita un hecho ha pasado casi desapercibido. Botran publicaba una fotografía de un sonriente Hasél al otro lado de la ventanilla de la sala de visitas de la cárcel de Ponent. El hecho en sí podría parecer normal si no fuera por la una flagrante violación de la circular penitenciaria, en vigor desde 2008.

La normativa establece controles obligatorios para detectar metales a los internos que vengan del exterior, las «visitas que reciben los internos«, los abogados y procuradores, colaboradores y voluntariado, así como los trabajadores de empresas que desarrollen su actividad en la prisión.

VISITAS INSTITUCIONALES

El texto contempla excepciones para evitar pasar por el arco de metales. Es el caso del Defensor del Pueblo catalán, jueces, fiscales, magistrados. En ningún caso, esta circular apunta a los diputados como personal excluido de pasar por el arco. Además, la circular indica que «cualquier visita oficial» debe estar acompañada por el director del centro o bien por la persona que éste designe. Es decir, Borràs y Botran debieron estar acompañados directamente por Aurora Morell Díaz, que según los registros oficiales es la primera mujer en dirigir una prisión.

«Un buen rato con Pablo Hasel en la cárcel de Lleida. Contento de todas las movilizaciones, especialmente que estén conectando su encarcelamiento con el malestar y las luchas sociales, contra el régimen del 78. ¡Continuar en las calles, hasta liberarlo!», publicaba Botran en un tuit. Junto a su opinión se adjuntaba una gran fotografía de Hasél.

La circular «prohíbe expresamente» la introducción de aparatos destinados a la comunicación y sus componentes, como, entre otros, ordenadores, agendas electrónicas, grabadoras, cámaras fotográficas o telefonía móvil. En definitiva, cualquier dispositivo con capacidad para sacar una foto.

Cómo es posible que un diputado, que no se encuentra entre las excepciones para pasar por el arco de metales, pudiera sacar la imagen y ante la mirada de Morell Díaz o bien su sustituta. La misma normativa establece que estos dispositivos pueden utilizarse «en un momento puntual y por un motivo determinado», pero «se requerirá la autorización expresa de la directora del centro». Es decir, Botrán tenía autorización de la máxima dirección de la cárcel para poder acceder al interior del centro penitenciario ilerdense, pese a que oficialmente no se dan motivos por los cuales era necesaria la foto.

LA FOTO HECHA POR EL DIPUTADO DE LA CUP

No es la única vez que Hasél habría tenido un trato diferenciado en la prisión de Ponent. Se ha negado a compartir celda con otros reclusos al considerar que era un espacio «minúsculo». Además, se niega a realizar tareas diarias en el centro, como «servir cenas, subir mantas o limpiar otros espacios». Labores que un rapero no puede hacer al ser considerado «preso político» por parte de su abogada y pareja, Alejandra Matamoros.

Asimismo, antes de ingresar en los módulos, los presos se habituan a la estancia en prisión en el «área de ingresos«. La estancia máxima permitida en esta zona es de cinco días, pero el rapero los excedió por su negativa a compartir espacio con otros presos, según publicaba el blog ‘Dolça Catalunya‘.

Por otro lado, los problemas del entorno de Hasél se ciernen sobre Matamoros. El Colegio de Abogados de Madrid ha abierto un expediente deontológico a su abogada por denunciar, sin prueba alguna, torturas policiales en España. La queja de un sindicato policial señalaba estas declaraciones «como impropias de un profesional del Derecho, vertidas con desprecio a la verdad, con un profundo desconocimiento de la realidad y condicionadas por un evidente odio personal ajeno a cualquier objetividad, no representando al conjunto de la abogacía de Madrid».

VIOLENCIA DESATADA TRAS SU ENCARCELAMIENTO

Hasél entró en prisión el pasado 16 de febrero, y desde entonces recibe numerosas muestras de afecto tanto en la cárcel como en redes sociales. Además, ha apoyado activamente las violentas manifestaciones de las últimas semanas en Barcelona y otros municipios de Cataluña. Para su ingreso en prisión, los Mossos d’Esquadra tuvieron que irrumpir en la universidad de Lleida, cuyo rector permitió la entrada.

El rapero fue condendo a dos años y un día de prisión y tendrá que abonar 24.300 euros por una serie de tuits por enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la Corona e instituciones del Estado. Sin embargo, la Audiencia Nacional le rebajó la pena a nueve meses, sentencia confirmada en firme por el Tribunal Supremo.

«No queda la conducta amparada por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa, en el entendido de que a los fines del terrorismo resultan extraordinariamente útiles y valiosas las aportaciones de quienes, como el recurrente, ensalzan las acciones, justifican la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente», sentenciaba.

EL PSC CONDENA LA PRISIÓN DE HASÉL

Hasél ha recibido el apoyo expreso del PSC en Barcelona, pese a la violencia desatada. El Ayuntamiento, regido por Ada Colau y Jaume Collboni, condenó la pena de prisión impuesta al rapero.

La proposición ha sido transaccionada con el Gobierno municipal y ha contado con los votos favorables de los socios de gobierno (Bcomú y PSC), ERC y JxCat, y los votos en contra de Cs, PP y BCN Canvi; y con ella quieren afianzar “el compromiso del consistorio con la libertad de opinión y expresión, y de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El mismo Ayuntamiento, en cambio, sólo se ha personado como acusación particular en una de las causas abiertas por la quema de un furgón policial, con un agente dentro. En este caso hay seis personas de nacionalidad italiana y otra española. Se les imputa tentativa de homicidio.