La Secretaría General del Congreso ha remitido a la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes la denuncia de Unidas Podemos contra los diputados de Vox por no haber detallado en sus declaraciones de intereses económicos los contratos laborales que han tenido en los últimos cinco años, los regalos recibidos, ni las donaciones efectuadas en ese periodo.
La semana pasada, el grupo confederal solicitó a la Mesa del Congreso que abriera un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox porque, a su juicio, no habían cumplimentado convenientemente esas declaraciones de intereses que los parlamentarios tuvieron que registrar, por primera vez, a mediado de febrero, en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.
En ellas cada miembro de las Cámaras debe consignar detalles como las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y «que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos», así como los obsequios recibidos o las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido.
Sin embargo, ninguno de los 52 diputados Vox detalló información sobre esto en sus declaraciones y todos optaron por rellenar ese documento de una manera idéntica, señalando que su actividad está siempre al servicio del «interés superior de España» y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores.
POR VULNERACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS CORTES
Así las cosas, Unidas Podemos pidió la apertura de un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox por haber «vulnerado» el Código de Conducta de las Cortes, una solicitud que, según han informado fuentes parlamentarias, ha sido remitida a la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes.
Este órgano, dirigido por el letrado Javier Ballarín Iribarren es el encargado de velar por la correcta aplicación del Código de Conducta y debe hacer un informe de oficio sobre las declaraciones de intereses registradas por diputados y senadores.
Eso sí, quien puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código, especialmente en el caso de conflicto de intereses, es la Presidencia de cada una de las Cámaras, ya sea de oficio o a petición de otro parlamentario.
Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracción serán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses.
NO SE COMPRUEBA LA VERACIDAD
El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.
La Oficina de Conflicto de Intereses también tiene entre sus funciones resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código ético y que podrán ser planteadas por los parlamentarios o por las Mesas de ambas Cámaras.
La oficina debe actuar «con total reserva respecto de las dudas planteadas» y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento «la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación». Sin embargo, no puede comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones de intereses.
