El juicio por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los aƱos 2009 y 2021 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de DoƱana, darĆ” comienzo este martes a las 10,00 horas en el Juzgado de lo Penal NĆŗmero 1 de Huelva y estĆ” previsto que se lleve a cabo durante dos semanas.
En este juicio hay 15 acusados, entre ellos dos exalcaldes de Almonte, para los que el Ministerio Fiscal pide las penas de dos aƱos y diez meses de prisiĆ³n, asĆ como 13 titulares de las explotaciones y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayorĆa agricultores, para los que se solicita las penas de tres aƱos y diez meses de prisiĆ³n. Todos ellos estĆ”n acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
De este modo, este martes se comenzarĆ” con la resoluciĆ³n de las cuestiones previas y el inicio de las declaraciones de los acusados, que seguirĆ”n el miĆ©rcoles, mientras que el jueves y el viernes se llevarĆ”n a cabo las pruebas testificales propuestas, tanto por parte de las acusaciones como por las defensas.
AsĆ, a la siguiente semana estĆ” previsto la continuaciĆ³n con las testificales, si fuera necesario, la presentaciĆ³n de las pruebas periciales, la presentaciĆ³n de conclusiones y la concesiĆ³n de la Ćŗltima palabra a los acusados, con lo que finalizarĆa este juicio y quedarĆa visto para sentencia.
Esta causa comenzĆ³ en agostĆ³ de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupciĆ³n en Almonte en relaciĆ³n a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmĆ³ entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad.
SegĆŗn detallaba el escrito del Ministerio Fiscal, desde aquellas fechas y en ejecuciĆ³n de estos convenios, los agricultores acusados, Ā«conscientes de la falta de autorizaciĆ³n legal para elloĀ», venĆan extrayendo agua del acuĆfero 27 para regar sus explotaciones, a travĆ©s de los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) a principio de los aƱos 70, actualmente propiedad del IARA, asĆ como que tanto los titulares de las explotaciones y los citados alcaldes Ā«fueron conocedores de la inexistencia de la autorizaciĆ³n para la extracciĆ³n de aguaĀ».
De este modo, el escrito seƱala que en todas las explotaciones relacionadas Ā«se ha producido una detracciĆ³n ilegal y sistemĆ”tica de agua del acuĆfero en el periodo de 2009 a 2012 y dicha detracciĆ³n ha alterado el balance hĆdrico del acuĆfero generando un riesgo de daƱo grave sobre el espacio protegido de DoƱana asĆ como sobre las especies que alberga, sus hĆ”bitats y sobre el significado y valor ecolĆ³gico del lugar a nivel mundialĀ».
Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de ParticipaciĆ³n de DoƱana, la FiscalĆa apunta que eran Ā«conocedores del delicado estado del acuĆferoĀ», por lo que los mismos responden en concepto de Ā«cooperadores necesariosĀ».
Considera el Ministerio Fiscal que desde que en el aƱo 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificaciĆ³n de expedientes sancionadores de la ConfederaciĆ³n HidrogrĆ”fica del Guadalquivir (CHG), Ā«ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a solucionar el problema y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparĆan de todo y le darĆan una soluciĆ³n polĆtica al tema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracciĆ³n ilegal del agua y el daƱo para el acuĆferoĀ».
Por estos hechos, para los exalcaldes se solicita las penas de dos aƱos y diez meses de prisiĆ³n con la accesoria de inhabilitaciĆ³n especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de quince meses con una cuota diaria de 12 euros.
A su vez, alternativamente, Ā«en caso de no apreciarse a consecuencia del comportamiento de los acusados la concurrencia de una situaciĆ³n de riesgo de grave perjuicio en el equilibrio del sistema natural de DoƱana, su conducta constituirĆa un delito de usurpaciĆ³n-distracciĆ³n de aguasĀ», por lo que tendrĆan que hacer frente a la pena de seis meses de multa con 20 euros de cuota diaria. Del mismo modo, impone a cada una de las empresas el pago de una multa de 24.400 euros.
Para los demĆ”s, solicita a cada uno de ellos las penas de tres aƱos y diez meses de prisiĆ³n, con la accesoria de inhabilitaciĆ³n especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 20 euros.
Alternativamente, en caso del delito de usurpaciĆ³n-distracciĆ³n de agua, tendrĆan que hacer frente a seis meses de multa con 60 euros de cuota diaria, asĆ como al precinto definitivo de los pozos-sondeos declarados ilegales y reseƱados en la conclusiĆ³n primera que en un principio se hizo de manera cautelar.
Como responsabilidad civil, los acusados y, de manera solidaria con ellos, las empresas de la que son administradores indemnizarĆ”n a la CHG con las cantidades que se determinen tras la celebraciĆ³n del juicio, en base al informe pericial realizado por el Jefe del Servicio de la ComisarĆa de Aguas de la ConfederaciĆ³n HidrolĆ³gica del Guadalquivir.
Cabe recordar que esta querella fue elaborada por la FiscalĆa de Sala de Medio Ambiente en el marco de sus diligencias de investigaciĆ³n sobre la denuncia de WWF sobre el llamado Ā«robo de agua en DoƱanaĀ», convirtiĆ©ndose en una causa de unos 3.500 folios de extensiĆ³n en la pieza principal y de 1.000 en la pieza de medidas cautelares, declarada compleja y en el que se une el trabajo de muchos profesionales de la justicia y del Seprona.