El PP de Madrid ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Madrid al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el vídeo que lanzó en redes sociales para anunciar su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al considerar que vulnera «los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad».
En el escrito, presentado por el representante del partido ante la Junta, José Antonio Martínez Páramo, los ‘populares’ argumentan que dicho vídeo tiene «una única finalidad electoralista» y supone «la utilización de un cargo y un despacho institucional para la realización de un acto encubierto de campaña».
Exponen, en el documento que «está utilizando» su cargo de vicepresidente segundo del Gobierno «para realizar un acto partidista, en el que pone en valor aspectos de su programa electoral con recursos públicos», al enumerar en su intervención diversos «logros» conseguidos por su formación. Concretamente, consideran que esto va en contra del artículo 50.2 de la LOREG.
Por otro lado, hacen hincapié en que a este vídeo, en el que el despacho es «absolutamente identificable», le siguió otro «con la misma escenografía» pero publicado por la cuenta institucional de Twitter de la Vicepresidencia segunda.
Aunque el PP señala que tal circunstancia que no podría determinar vulneración, «ocurre que el examen del vídeo pone de relieve que la escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad de armas».
A su parecer, «el principio de neutralidad de los poderes públicos ha sido claramente conculcado». En este sentido, apuntan a algunos de los mensajes lanzados por Iglesias como que «el 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid» o si los paran, además de calificativos como «delincuentes y criminales».
Desde el PP madrileño inciden en que la multa, según el artículo 153 de la LOREG, «será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios.
