Los miembros de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón han dado luz verde a una iniciativa presentada por el PP para establecer un protocolo con las medidas oportunas con respecto a la COVID-19 en centros residenciales y de día de personas con discapacidad, así como para sacar una línea de ayudas para paliar los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, y diseñar un programa para combatir las consecuencias mentales y emocionales que la crisis sanitaria ha provocado en las personas con discapacidad y en sus cuidadores.
La diputada del PP, Marian Orós, ha expuesto las líneas principales de la proposición no de ley, y ha recordado que «a lo largo de la pandemia todos los decretos, órdenes y protocolos, tanto sanitarios como de Servicios Sociales, establecían idénticas medidas para combatir el virus, cuando la situación de cada perfil es distinta». En este sentido, Orós ha recalcado que «el perfil de las personas con discapacidad intelectual es muy diferente y es importante destacar en las órdenes y medidas específicas para este colectivo».
Los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE-Podemos-CHA-PAR, han presentado dos enmiendas a la iniciativa, que han sido aceptadas por la portavoz del grupo proponente.
La parlamentaria socialista Lorena Canales ha insistido en que, desde el Gobierno, se trabaja «día a día de la mano con las entidades del tercer sector» y «el compromiso es firme». De igual forma, ha reflexionado que, «aunque la situación todavía no está superada, las secuelas de la pandemia van a afectar a los sectores más vulnerables».
La diputada de Podemos, Vanesa Carbonell, ha asegurado estar de acuerdo «con el fondo de la proposición no de ley» y, en relación con el segundo punto del texto de impulso, ha defendido que «cuando lleguen los fondos se van a establecer ayudas específicas para las residencias».
En representación de CHA, Carmen Martínez, ha recordado que «el G. P. Popular proponía que la Comunidad autónoma tuviera una disposición de menos de trescientos millones de euros bajando los impuestos» y «tampoco querían los fondos europeos».
La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha declarado entender la «preocupación» de Orós por «la desescalada en los centros y residencias de personas con discapacidad», pero «las medidas efectivas ya han sido tomadas y la orden 85/2021 recoge sus peticiones».
A continuación, como grupos no enmendantes, han tomado la palabra los representantes de Ciudadanos, Vox e IU. Desde Ciudadanos, Loreto Camañes ha explicado que «las entidades que se dedican a las personas con discapacidad intelectual ya manifestaron que tenían dificultades a la hora de establecer protocolos» porque «los perfiles y circunstancias son muy diferentes».
El diputado de VOX, David Arranz, ha agradecido la iniciativa y ha expuesto que, desde su grupo, consideran «necesaria la individualización a la hora de establecer protocolos y normativas de prevención contra la COVID». Asimismo, ha recordado que «dentro del colectivo de la discapacidad existen diferentes patologías, trastornos y grados».
Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, ha manifestado que «el dispositivo público para atender a todas las cuestiones planteadas también requiere un esfuerzo», al tiempo que ha recordado que «hemos debatido mucho sobre las cuestiones de corte extraordinario que han hecho que los centros incurriesen en más gastos».
