El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, comparecerá este jueves por la tarde en el Congreso de los Diputados para explicar sus proyectos al frente del Ministerio, lo que supondrá su estreno en la Comisión de Política Territorial y Función Pública de la Cámara Baja desde que fue nombrado miembro del Ejecutivo el pasado mes de enero.
Su comparecencia está prevista para las 15.30 horas y servirá para que Iceta desgrane los retos de su Ministerio, que pasan por el diálogo con las Comunidades Autónomas, en especial con Cataluña, el traspaso de competencias a las autonomías, la relación con los gobiernos regionales y locales y la reducción de la temporalidad del empleo público.
Desde su llegada al Gobierno a finales de enero, Iceta ha avanzado en el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, aunque en especial con el País Vasco, tras reunirse con la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo vasco, Olatz Garamendi.
En este encuentro, el primero de Iceta con una representante de un Gobierno autonómico, ambos mandatarios acordaron reunir en abril la Comisión Mixta de Transferencias para acordar traspasos relevantes como el de Instituciones Penitenciarias y se emplazaron a agilizar también el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
LA FAMOSA COGOBERNANZA
Otro de los desafíos a los que se ha sometido Iceta desde que es ministro es el impulso a las relaciones con los gobiernos autonómicos y locales, en un momento en el que rige el estado de alarma que sitúa a los presidentes autonómicos como las autoridades delegadas, siguiendo el famoso término acuñado por el Ejecutivo en referencia a la «cogobernanza».
Aquí, Iceta ha tenido que debatir, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con los gobiernos autonómicos para establecer un documento común de restricciones en la Semana Santa, además de la petición de varias autonomías de considerar una modificación del estado de alarma para adelantar el horario del toque de queda.
Por su parte, Iceta también ha reivindicado en varias ocasiones que en 2020 se abrieron 50 procedimientos, iniciando negociaciones con CCAA para evitar conflictividad, de los cuáles se alcanzó un acuerdo en 24 ocasiones.
RELACIÓN CON CATALUÑA
Por su parte, Iceta aún no ha podido establecer un diálogo fluido con la Generalitat de Cataluña porque los partidos todavía se encuentran en negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo catalán tras las elecciones del pasado 14 de febrero.
Sin embargo, el ministro de Política Territorial y también líder del PSC sí que ha reafirmado en varias intervenciones su intención de reemprender la mesa de diálogo con Cataluña y ha garantizado que el Ejecutivo central trabajará conjuntamente con cualquier Gobierno catalán que salga de las negociaciones, «sea del color que sea».
Además, durante las sesiones del control al Gobierno a las que se ha sometido en las Cortes desde que es ministro, Iceta ha recalcado su deber con el diálogo en Cataluña, aunque también admitió en un debate con ERC que fue un error apoyar el derecho a decidir.
En el acto en el que recibió la cartera como ministro, Iceta aprovechó para subrayar su «compromiso» con la Constitución y apostar por una España «fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad».
REFORMA DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO
Respecto a la Función Pública, la semana pasada tras el encuentro que mantuvo con los sindicatos más representativos de este sector, el ministro confirmó que una de las medidas que va a tomar al frente de su departamento es la de reformar el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para obligar al conjunto de las administraciones a cubrir «en plazos razonables» las plazas creadas que actualmente están ocupadas por personas sin un contrato fijo.
También señaló que se deberá seguir trabajando en el marco del diálogo con los sindicatos para saber «cuál va a ser la obligación y las consecuencias que pueda tener».
Además, incidió en que se abordará la temporalidad en las administraciones públicas, ya que es un objetivo «común» tanto por parte del Gobierno como por parte de los sindicatos.
«Hay que atajar el problema de un 30% y hasta un 40% de temporalidad existente en algunos sectores, con el acuerdo de todos, de las fuerzas sindicales y de todas las administraciones públicas», apostilló Iceta.
