PSOE y Cs firman su programa de gobierno en Murcia

La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs), Ana Martínez Vidal, y el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, han firmado su programa de gobierno, que incluye la aprobación de una nueva ley de Gobierno abierto y transparencia, la realización de una auditoría general del gasto de la Comunidad y el refuerzo a la sanidad pública, entre otras medidas.

El programa está compuesto por 24 puntos y es, según Martínez Vidal, «una apuesta por la regeneración. Es necesario luchar contra la corrupción y darle a la ciudadanía razones para volver a confiar», ha expuesto.

Además, el programa de gobierno también incluye un amplio refuerzo de la Sanidad Pública, especialmente en los servicios de Atención Primaria, Salud Pública y Epidemiología, ampliando las plantillas y acabando con la precariedad laboral y la temporalidad en el Servicio Murciano de Salud.

Martínez Vidal ha anunciado durante la presentación que la Enfermería Escolar «será el vínculo entre la sanidad y la educación». Ésta se centrará, ha dicho, en la vuelta a la presencialidad en las aulas, un plan de choque para reducir el abandono escolar y ampliar la gratuidad de la Educación Infantil entre cero y 3 años.

Por otro lado, el programa de gobierno también contempla la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la brecha de género salarial, a través de la aprobación urgente de la Ley de Servicios Sociales y el impulso al Pacto Regional contra la Violencia de Género y los acuerdos suscritos desde la Asamblea Regional con el Pacto por la Infancia.

De igual forma, el documento contempla la puesta en marcha de un plan de rescate a la hostelería, el comercio y el turismo, sector este último que contará con un Plan Estratégico hasta 2030 para garantizar su recuperación y la mejora de las infraestructuras en los municipios.

En materia de empleo, Martínez Vidal ha manifestado que lucharán contra la precariedad y la temporalidad, así como la reducción de la brecha salarial y el impulso de un Plan Estratégico del Trabajo Autónomo y la economía social. Asimismo, se aumentará el presupuesto en I+D+i hasta el 2% del PIB regional.

A nivel de infraestructuras, han dicho que pondrán en marcha junto al Gobierno de España un plan para impulsar la finalización del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región, la llegada e integración del AVE en Murcia, Cartagena y Lorca, la mejora de la red de cercanías, los ‘bypass’ ferroviarios de Alcantarilla y Beniel, la construcción del Arco Norte y la terminación del Arco Noroeste, la ampliación del tercer carril de la A7 y el reinicio de las obras de la regeneración de la bahía de Portmán, entre otras.

Asimismo, se pondrá en marcha de inmediato la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena y se impulsará el Puerto de Cartagena, apostando por su ampliación con la construcción de la nueva terminal de contenedores de El Gorguel.

«El nuevo Gobierno de la dignidad exigirá al central la revisión del actual Sistema de Financiación Autonómica y la creación de un Fondo Extraordinario de Nivelación», ha indicado. . También incluyen la aprobación de una Ley de Financiación Local y la elaboración de una Estrategia y un Plan de Industrialización para la Región. En materia de transición ecológica, la prioridad, ha manifestado, será la transición desde las energías fósiles a las limpias, y el desarrollo de la Estrategia de Emergencia Climática y un proyecto de ley de Economía Circular, además de poner en marcha un plan de descontaminación de suelos mineros e industriales.

En cuanto al Mar Menor, Martínez Vidal ha expuesto que harán cumplir su Ley de Recuperación y Protección, además de ejecutar el ‘Plan de Vertido Cero’ y pondrán en marcha un plan de apoyo, promoción e impulso turístico compatible con la recuperación de la laguna. El Trasvase Tajo-Segura y su blindaje son también puntos activos del acuerdo, que incluirá también un Pacto Nacional por el Agua y la apuesta por un modelo de agricultura sostenible.

Ambas formaciones se han comprometido a no subir los impuestos a los murcianos, y a redoblar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Habrá beneficios fiscales a las renovables y a la creación de empleo para los sectores más vulnerables, y se eliminarán todas las bonificaciones al juego, un sector que se quiere regular por ley en el plazo de seis meses.