El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha modificado levemente sus conclusiones en el juicio que se celebra contra Ausbanc y Manos Limpias, y mantiene la petición de una pena de prisión para el presidente de la asociación de usuarios de banca, Luis Pineda, de 116 años. De esta manera rebaja en dos años la pena que solicitaba en el escrito de acusación preliminar.
En la sesión de este jueves, tras la audición de varias escuchas telefónicas relacionadas con el caso y la declaración de un testigo, ha sido el momento de la exposición de las conclusiones definitivas de las partes. En el turno del fiscal, ha anunciado que modificaba uno de los delitos, que pasaba de la calificación de extorsión consumada a extorsión en grado de tentativa.
No obstante, esa modificación no afecta a los diez encausados, de hecho la petición de penas que hace el Ministerio Público para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, se mantiene en casi 25 años de cárcel por los delitos de organización criminal, extorsión y extorsión en grado de tentativa.
En el caso de Pineda, la Fiscalía le imputa un delito de organización criminal en calidad de dirigente, 16 delitos continuados de extorsión, tres delitos más de extorsión y ocho delitos de extorsión en grado de tentativa. A esto suma el delito de estafa, el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo de capitales. La multa que solicita para él es de 10,3 millones de euros.
Para la abogada Virginia López Negrete, que ejerció la representación de Manos Limpias en el caso ‘Noos’, el fiscal interesa una pena de doce años de prisión por los delitos de organización criminal en calidad de integrante, dos delitos continuados de extorsión y un delito en grado de tentativa.
Para los otros siete procesados, el fiscal Perals rebaja también levemente las penas. En concreto, para el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé Gil interesa 34 años y 6 meses de cárcel y para el adjunto a la presidencia de la asociación Ángel Garay 32 años y 6 meses.
En cuanto a los miembros de la junta directiva de la marca de Pineda, el fiscal solicita para María Teresa Cuadrado 19 años de cárcel, para María Manuela Mateos 64 años de cárcel y para María Isabel Medrano 60 años. Por otro lado, interesa para la jefa de gabinete de Ausbanc, Rosa Isabel Aparicio, 46 años de cárcel y para el director de publicaciones de Ausbanc, Luis María Suárez Jordana, 16 años.
DISOLUCIÓN DE AUSBANC Y MANOS LIMPIAS
En el escrito del Ministerio Fiscal se explica además que se solicita la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo para todos durante la condena, y la inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización criminal por un tiempo de 10 años superior al de la duración de la pena de privación de libertad.
Perals quiere además, tal y como pedía antes del inicio de la vista oral allá por enero de 2020, que se acuerde la disolución de todas las sociedades del grupo Ausbanc y del sindicato Manos Limpias. Además quiere que se les prohíba definitivamente llevar a cabo cualquier actividad por las mismas y se les inhabilite para obtener subvenciones y ayudas públicas.
También solicita en su escrito el Ministerio Público en lo relativo a la responsabilidad civil, que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a BBVA con más de 700.000 euros, a Unicaja con la cantidad de más de 900.000 euros, a Banco Sabadell con más de 2,5 millones, al banco Santander con más de un millón de euros y a Caixabanc con 24.200 euros.
A estas cuantías añade más de 1,3 millones a Liberbank, 36.000 euros para Nissan Ibérica, aproximadamente 150.000 para Barclays Bank y más de 300.000 euros para Caja Castilla-La Mancha. También se contemplan indemnizaciones para Europistas, Bankia, Caja Vital, Caja Rural del Sur y Banca March.
El fiscal pide además que Pineda abone las cantidades percibidas indebidamente como subvención por parte de Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que ascienden a 163.350 euros.
UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El escrito de acusación relata a lo largo de 66 páginas cómo el principal acusado –Pineda– ideó la creación de una asociación «sin finalidad de lucro» que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos –quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc–.
La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.
También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones, según el escrito, contaron desde 2012 con el apoyo y beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.
EXTORSIÓN A LA DEFENSA DE LA INFANTA
La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien «seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda».
Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.
Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que presidía entonces Francisco González relacionadas con la investigación del caso ‘Nóos’.
Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán –expresidente de la CEOE–. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros.
Sumados a estos, se dieron casos en los que los acusados iniciaron campañas negativas por motivos personales contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, o contra el subsecretario de Sanidad en época de Elena Salgado, Fernando Puig de La Bellacasa.
Mientras que las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones, la acusación popular que ejerce Podemos ha modificado las suyas y destaca en su escrito que los hechos son constitutivos de un delito de organización criminal, trece delitos de amenazas, un delito de acusación y denuncia falsa, ocho delitos de estafa y un delito de blanqueo. Así, solicita una pena de casi 39 años de cárcel para Pineda, más de seis años de cárcel para Bernad y cuatro años para López Negrete.
