El órdago de Pablo Iglesias al dejar su puesto en el Congreso de los Diputados va más allá del sillón y el sueldo que le corresponden. Dada su situación judicial, con el caso Dina aún pendiente de esclarecer, perder el aforamiento que le da ser diputado le deja desprotegido judicialmente. Aunque no será, presumiblemente por mucho tiempo, el movimiento político del líder de Unidas Podemos puede crearle más de un dolor de cabeza, más allá de los resultados electorales que consiga en su enfrentamiento con Gabilondo por la Izquierda, Mónica García a su izquierda y Ayuso en el lado opuesto.
¿CUÁNDO DEJARÁ IGLESIAS DE SER DIPUTADO (Y ESTAR AFORADO)?
En el momento de anunciar su decisión de ser candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias aventuró que, al igual que Salvador Illa cuando dejó el ministerio de Sanidad, su intención es dejar el cargo en el momento en el que se inicie la campaña electoral madrileña. Esto es, el 18 de abril. Con esto, el aún vicepresidente segundo del Gobierno tiene un mes para organizar el traspaso de cartera. Y la campaña que se le viene encima para tratar de salvar a la formación en un caladero clave para su supervivencia futura.
También entonces se espera que Pablo Iglesias renuncie a su acta de diputado, y por lo tanto pierda su condición de aforado al 100%. Si al hecho de que estas dos semanas de campaña se suman la semanas de negociación para la conformación de un gobierno y la constitución de la asamblea, el candidato de Unidas Podemos pasará más de un mes sin ningún tipo de protección judicial por cargo político. Y por lo tanto, estaría ‘disponible’ para que el juez Manuel García Castellón acelere las diligencias contra el político y resolviera si Iglesias adquiere la figura de investigado o perjudicado.
EL CASO DINA, ESTANCADO
Actualmente, el Caso Dina permanece en un punto muerto, a la espera del informe de la Policía Científica sobre el análisis de la tarjeta de la memoria que está detrás de la posible causa contra Pablo Iglesias. Después de que el Supremo remitiera a García Castellón a investigar la situación real de la tarjeta y llame después a declarar a Bousselham, esta parte aún no se ha resuelto.
Cabría la posibilidad de que las diligencias y la decisión del juez de la Audiencia Nacional coincidan con la campaña política. Como ha ocurrido con otras situaciones judiciales que pueden tener consecuencias en el voto ciudadano, los jueces son reacciones a emitir ninguna decisión que interfiera en el devenir de las elecciones. Otra cosa sería el impás posterior entre el recuento y la constitución de la Asamblea Regional, momento en el que, en tanto no se recojan las actas, no se adquiere el aforamiento que exige acudir al Supremo para actuar judicialmente contra un político.
En Unidas Podemos confían que los precedentes de los dos informes previos que ‘lavaban’ la actuación de Pablo Iglesias y no encontraban motivos para que fuera investigado en la causa, se consolide con un nuevo archivo.
Al caso Dina se suma la reciente decisión del juez Juan José Escalonilla, responsable del caso Neurona, de incoar un procedimiento independiente para investigar supuestos cobros de costas procesales por Pablo Iglesias en un juicio en Pamplona. Sin embargo, esta pieza no parece que vaya a inferir o ser un riesgo para un político sin aforamiento durante al menos cuatro semanas.
