El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, asegura que son las administraciones educativas autonómicas las que han de establecer el «equilibrio» en sus respectivos territorios entre la enseñanza en castellano y en su lengua cooficial.
Así ha respondido este lunes Tiana en la Comisión de Educación y FP del Senado a la pregunta formulada por la senadora de Cs, María Ponce, sobre cuáles son las medidas previstas por el Gobierno para garantizar que el castellano sea lengua vehicular en todo el sistema educativo y para impulsar una evaluación sobre el impacto de la inmersión lingüística en el rendimiento y el proceso de aprendizaje del alumnado.
La senadora ‘naranja’ ha preguntado al secretario de Estado si desde el Gobierno «se ponen en la piel» de los niños, adolescentes y jóvenes que, según la senadora, «son señalados e insultados por algunos profesores que fomentan que sean víctimas de bullying, solo por ser castellanohablantes o ser hijos de guardias civiles», si bien no solo se ha referido a que hay acoso entre los estudiantes, sino entre «todo aquel que no comulga» con lo establecido por los centros educativos.
Durante su intervención, Tiana ha comenzado recordando cómo es el procedimiento de actuación cuando hay sospechas de que se ha cometido un delito en algún centro educativo: «Ante la mera sospecha de posible utilización de elementos de coacción personal, se debe poner el hecho en conocimiento del servicio de la inspección educativa de las comunidades autónomas, porque es la competente para supervisar la práctica docente en cada territorio».
Con respecto a la utilización de las lenguas en la educación, ha leído la Disposición Adicional 38 de la nueva Ley educativa, la LOMLOE (la conocida como ‘Ley Celaá’). «Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente», ha señalado, refiriéndose al apartado 2 de la Disposición.
Esto quiere decir, tal y como ha indicado, que «el Gobierno tiene que velar por que se cumpla no solo el derecho, sino la obligación de que el alumnado adquiera a lo largo del paso por el sistema educativo, altas competencias en castellano y en la lengua oficial de su comunidad autónoma. Para conseguir ese objetivo, Tiana ha recordado que el apartado 3 de la Disposición establece que los centros puedan adoptar «las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir» en competencias lingüísticas.
Además, «las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, evaluación y mejora propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros», ha continuado defendiendo la LOMLOE el secretario de Estado de Educación.
Con todo ello, Tiana ha dejado claro que «son las administrativas educativas autonómicas las que, en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, establecen el equilibrio entre el derecho a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado y el alcance de su régimen de cooficialidad en la enseñanza, de forma que no podemos hablar de un modelo homogéneo y único de cooficialidad».
Durante su segunda intervención, Tiana ha recordado también que el artículo 3 de la Constitución reconoce que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección», a la vez que establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
El artículo 3 de la CE también recoge, según ha precisado Tiana, que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos». «En este apartado, el segundo del artículo 2, «no se menciona adjetivo para la lengua como vehicular o franca», según ha matizado.
Con todo ello, el ‘número 2’ de la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha concluido que «el garante de los derechos lingüísticos, según la Constitución, es el conjunto de las administraciones educativas, cada una en el ámbito de sus competencias», más concretamente, que «las comunidades autónomas con lengua cooficial son competentes para concretar el régimen de cooficialidad lingüística que ha de aplicarse en sus centros educativos». «La LOMLOE ha recogido eso en un ejercicio cuidadoso de garantismo jurídico», ha zanjado.
