martes, 20 abril 2021 00:55

Cospedal, Cascos, Arenas, Matas y García-Escudero testifican en el juicio de la caja ‘b’ del PP

El juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ se retoma este martes con las declaraciones como testigos de los que fueron secretarios generales del partido y ministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal; así como el expresidente balear Jaume Matas y el expresidente del Senado Pío García-Escudero.

Debido a la situación de la crisis sanitaria, muchos de estos testigos han solicitado al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia, invocando el artículo 14.1 de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que señala que hasta el 20 de junio de 2021, “los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática”.

Así, el tribunal ha aceptado que García-Escudero, Arenas y Cospedal eviten tener que ir hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se está celebrando la vista oral, para declarar como testigos sobre la presunta caja ‘b’. También declarará por videoconferencia el exdiputado ‘popular’ Jaime Ignacio del Burgo, quien será el primer testigo de la novena sesión del juicio.

Sus declaraciones son unas de las más esperadas, junto a la de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy –que testificarán este miércoles–, después de la ‘confesión’ que hizo el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de prisión, que les incluyó en la lista de personas que, según él, cobraron “complementos salariales”.

Ya en el juicio, Bárcenas afirmó que no tiene ninguna “animadversión” hacia la formación política, aunque sí apuntó que él y la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal no se tienen “una especial simpatía”.

Durante su declaración, explicó que “los papeles del PP” –tal y como denominó a los apuntes de la contabilidad paralela– finalizaron en 2009, cuando estalló el caso Gürtel. Por ello, para liquidar el saldo que había, entregó en un sobre con 25.000 euros cada uno a Cospedal y Rajoy.

Según indicó, ese dinero procedía de un donativo de 50.000 euros que la sede nacional recibió tras sufrir un embargo de 70.000 euros como consecuencia de una deuda del partido en Pontevedra.

Tras la declaración de Bárcenas en el juicio por la presunta caja ‘b’, la ex secretaria general del partido aseguró que el extesorero “volvía a mentir” sobre la existencia de una contabilidad paralela en el PP.

Asimismo, recordó que en su día ya presentó una demanda contra Bárcenas por vulneración de su “derecho al honor” a raíz de “declaraciones del mismo tenor” que dio lugar a la sentencia de 5 de febrero de 2015 de la Audiencia Provincial de Toledo.

Cospedal declaró como testigo en la Audiencia Nacional ante el que fuera juez instructor del caso Pablo Ruz en 2013 y recalcó que nunca había cobrado sobresueldos y que tampoco había escuchado hablar de ellos antes de llegar a la Secretaría general del partido. Misma versión mantuvo cinco años después en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la supuesta financiación irregular del PP.

Otros de los testigos que reaccionó a las afirmaciones de Bárcenas fue el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, quien mediante un comunicado negó rotundamente haber cobrar un ‘sobresueldo’.

Al igual que explicó en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), en la que también declaró como testigo, Del Burgo señaló que los dos apuntes bajo su nombre que aparecen en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ estaban destinados a compensar “deudas electorales” que asumió el que fuera secretario general del PP navarro, Calixto Ayesa, fallecido hace un año; y a un concejal de Navarra, cuya vivienda había sido gravemente dañada por un atentado de ETA.

Por su parte, los exministros Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos también comparecieron en el juicio de Gürtel en que aseguraron que no sabían cómo se financiaba el PP. Según dijeron, se trataba de un tema de la Tesorería, que entonces llevaba el Álvaro Lapuerta, cuya responsabilidad en este caso ha quedado extinguida tras su fallecimiento.

Precisamente, Bárcenas situó a Álvarez Cascos en el origen de la caja ‘b’, pues según dijo ante el tribunal, la contabilidad paralela comenzó a realizarse cuando el también tesorero del partido Álvaro Lapuerta recibió la “instrucción” del entonces secretario general de la formación política.

El expresidente del Senado Pio García-Escudero también ha testificado en el marco de esta causa judicial. Compareció en mayo 2013 ante el juez Pablo Ruz y, según fuentes jurídicas, detalló que entre los años 1999 y 2003 cobró 14 pagas de 550.000 pesetas (unos 3.400 euros) por las funciones que desempeñaba en el Grupo Popular en la Cámara Alta, y otras 14 pagas de 150.000 pesetas (unos 900 euros) que le transfería el partido como ‘gastos de representación’.

También admitió que pidió a la formación política un préstamo de unos cuatro millones de euros para hacer frente a los gastos de rehabilitación de su vivienda que quedó “destrozada” por un atentado de ETA. Sin embargo, el expresidente del Senado, que también testificó en el juicio de Gürtel, negó entonces ante el tribunal de la Audiencia Nacional haber recibido todas estas cantidades en efectivo.

El listado de testigos de este martes lo completan el exdiputado del PP Eugenio Nasarre, el exministro de Medio Ambiente y expresidente del Gobierno balear Jaume Matas –condenado a tres años y ocho meses por el caso Nóos– y el periodista Pedro J. Ramírez, quien entregó al juez instructor un manuscrito original de los ‘papeles de Bárcenas’. Los tres acudirán al juicio de forma presencial.

En cuanto a Nasarre, también compareció en la instrucción del caso, cuando, según las mismas fuentes, también admitió el cobro de “pagos complementarios” de 1.800 euros al mes, entre 2000 y 2004, por sus “responsabilidades internas” en el PP que compatibilizó con su cargo de parlamentario.