El Govern ha encargado este martes iniciar negociaciones en la comisión bilateral con el Gobierno central sobre la Ley de desaparición forzada de menores, y sobre la de áreas de promoción económica urbana, ha explicado la portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu.
Lo ha decidido después de que el Gobierno central avisara de discrepancias competenciales en ambas leyes, e invitara al Govern a abrir un procedimiento bilateral de negociación para evitar la impugnación mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), según el acuerdo del Govern.
El plazo para plantear este recurso de inconstitucionalidad ante el TC termina este miércoles, pero se prolonga si se adopta el acuerdo de iniciar estas negociaciones en la comisión bilateral, para resolver estas discrepancias competenciales.
En este caso, el plazo para interponer el posible recurso de inconstitucionalidad ante el TC queda prorrogado hasta el 24 de setiembre, lo que permitiría «disponer de unos meses para negociar con el Estado una posible solución acordada», según el acuerdo.
La negociación se plantea sobre puntos de los artículos 2, 3, 4, 7 y 11 de la Ley de la desaparición forzada de menores en Catalunya, que el Parlament aprobó en diciembre de 2020 para, entre otros objetivos, ayudar a las víctimas de robos de bebés en la búsqueda de su verdadera identidad.
En el caso de la ley de las áreas de promoción económica urbana (Apeus) –aprobada en el mismo pleno de diciembre de 2020–, los apartados en los que se plantea alguna discrepancia competencial forman parte de los artículos 2, 8 y 25.
