El PSOE ha aceptado tramitar en el Congreso la propuesta del PNV de reformar las sanciones por incumplir sentencias del Tribunal Constitucional y derogar la inhabilitación de cargos públicos contemplada en la ley que impulsó el Gobierno del PP en 2015. Pero la iniciativa del PNV incluye también derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para reformas estatutarias, y esa parte los socialistas ya avisan que no van a asumirla.
De hecho, en el debate en el Pleno del Congreso el socialista Odón Elorza ha reprochado al PNV que dé «lecciones de constitucionalismo» cuando «no aman» la Carta Magna, mientras que el PP ha pedido al PSOE no caer «en la trampa del independentismo».
UNA REFORMA DE DOBLE FILO
El portavoz de Justicia e Interior del PNV, Mikel Legarda, ha sido el encargado de defender la proposición de ley con la que su partido busca derogar dos cambios introducidos en 2015 en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): el recurso previo contra las reformas estatutarias, aprobado por la entonces mayoría del PP con el apoyo del PSOE, y las potestades ejecutorias que permiten inhabilitar a los cargos públicos que incumplen las decisiones del TC, aprobada en solitario por el PP.
Legarda sostiene que ambos cambios suponen «una desnaturalización del modelo de justicia constitucional con negativas consecuencias al atribuir al TC unas responsabilidades que no le son propias». Según el parlamentario vasco, le arrogaron una «carga política» que desdibujó la función de «árbitro» que le otorga la Norma Fundamental como su máximo intérprete.
En el caso del recurso previo, que permite controlar la constitucionalidad de los proyectos de reforma de los estatutos autonómicos antes de que entren en vigor, Legarda ha denunciado que provoca tal «distorsión» en el sistema de relaciones entre los poderes del Estado que convierte al TC en una especie de «tercera cámara parlamentaria».
Y todo ello, ha recriminado, para posibilitar que «los responsables públicos puedan hacer dejación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el pacto los problemas políticos de fondo, permitiendo delegarlos en el alto tribunal», en un «solapamiento inadmisible» con el artículo 155 de la Constitución Española (CE), que encarga la solución de conflictos políticos a instancias políticas.
No obstante, Legarda ha reconocido que han presentado esta proposición de ley «con el ánimo de abrir un debate» sobre las reformas operadas en 2015 para «lograr un reequilibrio de los elementos en juego del modelo de justicia constitucional más acorde con una interpretación conjunta de la CE».
SIN «VETO» A LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA
La respuesta del PSOE la ha dado el diputado Odón Elorza, que ha expresado su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley pero aclarando que los socialistas están «profundamente» en contra de derogar el recurso previo de constitucionalidad, si bien que están dispuestos a «recorrer el camino» para reformular la LOTC «en aquella parte en la que el PP se extralimitó dando poderes innecesarios» a la corte de garantías.
Elorza se ha mostrado muy crítico con los planteamientos del PNV, acusando a Legarda de dar «una lección de derecho constitucional dirigida a nacionalistas», «una lección interesada de la CE», y echándole en cara la contradicción que –a su juicio– supone que quieran eliminar el recurso previo pero mantener el control ‘a posteriori’ cuando es lo que provocó el «desaguisado tremendo» del ‘procès’.
«Mucho cuidado con dar lecciones de constitucionalismo», le ha dicho, afeando al PNV que «no aman la CE, no la defienden y no la han votado». A este respecto, ha preguntado a Legarda dónde estaban el 27 de octubre de 2017, cuando había una buena oportunidad de «defender la legalidad constitucional», para responder él mismo que «estaban votando en contra del 155».
Además, ha deslizado que la propuesta de derogación del recurso previo podría estar relacionada «con un referéndum del futuro quizá nuevo estatuto de autonomía para Euskadi», recordando en este sentido que en su momento el PNV acordó con Bildu celebrar «una consulta popular habilitante» entre la aprobación del mismo y su remisión a las Cortes Generales para «meter presión» a las cámaras, al TC o «a todos».
Sobre esto, Elorza ha querido enfatizar que el PSOE no interpreta el recurso previo como un «atajo» o un «veto» a la negociación política y, en consecuencia, no dejará de «dialogar» con País Vasco y otras comunidades autónomas sobre «el avance de su proceso de autogobierno dentro de los límites de la CE».
«Nosotros jugamos en la liga de la defensa de la democracia, la Constitución y del autogobierno de un país plural en el que, ojalá, podamos abordar una reforma constitucional en una línea federal o federalizante», ha sostenido, al tiempo que ha urgido al PNV a dejar claro que no juegan en la misma liga que Bildu o ERC.
Desde Unidas Podemos, la diputada Martina Velarde se ha mostrado en contra de las reformas de 2015 que, en su opinión, «situaron a España en el siglo pasado» con el objetivo de que el PP lograra el «control total» del Tribunal Constitucional para «utilizarlo contra los parlamentos autonómicos y criminalizar a los independentistas». Sin embargo, ha ironizado, el Partido Popular es el que más ha hecho por la causa independentista: «Con ustedes es cuando más cerca estuvimos de romperse España».
Desde las filas nacionalistas e independentistas, Junts, ERC, CUP, BNG y Bildu han apoyado la iniciativa legislativa y, en el caso de la diputada Merxte Aizpurua (Bildu), ha reiterado su invitación al PNV para que, ante la perspectiva de que «los tribunales puedan cepillarse un estatuto aprobado por la mayoría de los ciudadanos vascos», emprendan juntos «el camino democrático para escuchar lo que quieren en su futuro, para respetarlo y para hacerlo realidad».
PP, VOX Y CIUDADANOS, EN CONTRA
En el extremo contrario, el diputado ‘popular’ Jaime de Olano ha rechazado la proposición de ley esgrimiendo que «el sistema constitucional del 78 está hoy igual de amenazado que en 2015». «Poco han cambiado las cosas desde aquel otoño de 2015 hasta ahora, más al contrario, el devenir del tiempo y la actuación de algunos en Cataluña han demostrado la certeza de aquellas reformas», ha defendido.
De Olano ha advertido al PSOE en contra de caer en la «trampa del independentismo», reivindicando que las reformas de 2015 otorgan una «seguridad jurídica» que «incomoda» a quienes pretenden «mantener el enfrentamiento político porque viven de esa victimización que tanto necesitan para no dejar al descubierto sus mentiras (…): la entelequia de la independencia de una parte del territorio nacional».
En la misma línea, Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha explicado que el recurso previo trata de evitar un «choque de legitimidades» entre los poderes del Estado que es el que explotaría la «propaganda independentista con una idea falaz», señalando igualmente a la «mentira» de que «la soberanía no corresponde al pueblo español en su totalidad sino a un territorio». Frente a ello, ha recalcado, está la «garantía» del TC.
El diputado de Vox José María Sánchez también ha entendido que la propuesta del PNV es «contraria a la unidad nacional» y ha aprovechado para defender una propuesta anterior de Vox para extender el recurso previo a todas las leyes orgánicas, no solo a los estatutos de autonomía.
