El titular del Juzgado de Instrucción 18 de València ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación Provincial y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exgerente de la extinta Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, y otros seis investigados más en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’.
Se trata del segundo procesamiento en dos días para Rus, ya que este martes se hizo público que la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València le procesó junto a otras 25 personas más por las contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, también dentro del caso Taula.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado considera que la instrucción practicada acredita, sin perjuicio de ulterior calificación, la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Junto a Rus, el instructor dirige el procedimiento contra Marcos Benavent, dos funcionarios de la Diputación –que establecieron las puntuaciones para la adjudicación–, dos empresarios –uno de ellos administrador de la adjudicataria– y la esposa y la cuñada de uno de ellos. En cambio, acuerda el sobreseimiento libre para un investigado que ya ha fallecido y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para el ex diputado provincial Rafael Pérez, en su caso porque no consta que fuera consciente del fraude, entre otras razones.
El auto, que puede ser recurrido en reforma y subsidiariamente en apelación, declara concluida la investigación y da un plazo de veinte días a la Fiscalía para que solicite el sobreseimiento, la apertura de juicio oral o la práctica de nuevas diligencias.
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.
En su declaración ante la Guardia Civil en junio de 2015, según consta en el auto, Benavent aseguró que a través de Imelsa se adjudicó «a dedo» –posteriormente aclaró que de forma «amañada» el ‘call center’ a Servimun y que fue su exsuegro el que actuó de intermediario con Rus, para lo que se valieron de un funcionario destinado en la empresa pública quien articuló el procedimiento para posibilitar esa adjudicación.
OFERTA «DEDICIDA DE ANTEMANO»
El juez considera que pudo existir «un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de de desviar y malgastar los recursos públicos».
Esta conclusión, según el auto, se fundamenta entre otros motivos en la «relación de vecindad y amistad» entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un «conocimiento estrecho» de Alfonso Rus.
José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.
El juez considera «evidente» que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste «algún favor le debía» en relación con el contrato, «muy probablemente por actuar de conseguidor» ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.
De hecho, el jeuz detalla que la adjudicataria optó al concurso anunciando una serie de mejoras cualitativas por las que recibió más puntos aunque luego no llegó a materializarlas.
Por ejemplo, expone que el servicio desde el inicio y durante toda la duración del contrato fue realizado por no más de 8 agentes operadores; el horario se fue reduciendo progresivamente; la prestación durante las mañanas del sábado solo se llevó a cabo durante el primer mes y nunca se implantó un soporte técnico permanente de ingeniero de telecomunicaciones sino que todo el soporte técnico corrió a cargo de personal de Imelsa, entre otros imcumplimientos.
Un informe del Servicio Jurídico de Divalterra reflejó que delas 990.000 intervenciones telefónicas ofertadas por Servimun para prestar el servicio de Call Center se recibieron únicamente 264.847 llamadas de las que únicamente 169.175 llamadas se atendieron y 95.665 no fueron atendidas.
