El ex director general para la Modernización de la Administración de Justicia Alberto Dorrego y el empresario Borja García-Nieto han negado en el juicio por la presunta caja ‘b’ del PP que compraran acciones de Libertad Digital con dinero de la contabilidad paralela del partido. En este sentido, han dicho que ignoran el motivo por el que aparecen en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, puesto que no conocían al exesorero ‘popular’ Luis Bárcenas.
Ambos han comparecido este miércoles por videoconferencia como testigos en el juicio que celebra en la Audiencia Nacional sobre el uso del dinero de la presunta contabilidad paralela del partido para pagar la reforma de su sede nacional o para la adquisición de participaciones en Libertad Digital.
El extesorero Luis Bárcenas, para quien Fiscalía pide cinco años de prisión, explicó durante su declaración que su mujer, Rosalía Iglesias, el que fuera su testaferro Francisco Yáñez, Dorrego y García-Nieto suscribieron acciones del grupo de comunicación, después de que el ex secretario general del PP Ángel Acebes comunicara al también tesorero del partido Álvaro Lapuerta que la ampliación de capital aún no se había completado.
Según indicó el acusado, esas cuatro personas hicieron la compra «formal» de acciones transfiriendo dinero de su cuenta y luego se les devolvía en efectivo con dinero de la caja ‘b’ del PP. Asimismo, apuntó que además firmaron un documento en el que certificaban que la propiedad de las participaciones era en verdad del partido.
Tanto Dorrego como García-Nieto, que han admitido que se conocen de haber coincidido en alguna ocasión hace años, han asegurado que ellos adquirieron las acciones del medio de comunicación por voluntad propia y que ninguna tercera persona vinculada al PP les informó de que Libertad Digital iba a acometer una ampliación de capital.
De hecho, Dorrego, quien ha indicado que las acciones que aún mantiene no le dan ningún tipo de beneficio, sino más bien una «pérdida patrimonial», ha negado que firmara ningún documento a Bárcenas, ya que no le conoce. Por ello, no tiene «ni idea» de porqué aparece en los apuntes que el extesorero realizaba sobre la caja ‘b’ del PP, aunque sí ha reconocido el importe de 12.100 euros que se señala en ellos por esta compra.
Tampoco encuentra «ninguna explicación» Borja García-Nieto, quien además de señalar que no conoce ni a Lapuerta ni a Bárcenas, no ha reconocido su firma en un documento en el que se dice que los títulos de Libertad Digital que suscribió por 24.000 euros «son propiedad de Don Álvaro Lapuerta» y que se compromete a «traspasarlos automáticamente a aquellos titulares que él me indique». Según ha dicho, desconoce cómo los responsables de la Tesorería y Gerencia del PP tenían estos datos sobre la adquisición de participaciones.
EL «CONTROL CONTABLE» DE UNIFICA
En la sesión de este miércoles –la décima de la vista oral– también ha testificado Noelia Fernández, quien trabajó en Unifica como auxiliar administrativo. Ha explicado que una de sus labores era reflejar en una hoja excel –hoja de cálculo– las «facturas recibidas y las emitidas», si bien ha matizado que el «control contable» de la empresa lo llevaba el acusado Gonzalo Urquijo, uno de los dueños de Unifica, empresa que hizo la reforma de la sede del PP.
Fernández ha insistido en este extremo durante toda su declaración, sobre todo a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que le ha mostrado correos electrónicos en los que ella misma enviaba a Urquijo con documentos excel adjuntos, y sobre los que se ha desvinculado de su elaboración.
«¿Entonces, no encuentra explicación a que usted remita un documento que realiza Gonzalo Urquijo?», ha preguntado el representante del Ministerio Público, lo que ha llevado a la testigo a señalar que cree que su jefe se lo pasaría para que lo «revisara» o que le encargaría preparar la hoja con un «contenido» concreto.
Para entrar más en detalle en el objeto del procedimiento, el pago con dinero negro de la reforma de la sede del partido, el fiscal también le ha preguntado si en alguna ocasión tuvo conocimiento de que alguna vez el PP pagara los servicios de Unifica en efectivo. Fernández ha recordado una única «excepción»: un cheque emitido por la formación para pagar «parcialmente» unos servicios.
Asimismo, ha negado que Unifica le haya pagado en alguna ocasión fuera de nómina y ha explicado, al igual que hicieron en su día otros testigos, que el dinero en efectivo que tenía la empresa en una caja era para pagar «gastos corrientes», como taxis, mensajeros o la compra de periódicos.
Otro de los testigos que ha comparecido ante el tribunal ha sido el arquitecto Claudio Montero –el único que ha declarado de forma presencial este miércoles–, quien trabajó sólo «cinco meses» en Unifica. Ha afirmado que él estuvo en las obras de la sede del PP, aunque ha precisado que su función fue la de «encargado de obra».
Según ha explicado, él no tuvo ninguna capacidad de decisión económica, por lo que si en alguna ocasión mandó algún correo electrónico con presupuestos o certificaciones finales al ex gerente del PP Cristóbal Páez, otro de los acusados en este juicio, fue porque se lo habría ordenado alguno de los dueños de Unifica, Gonzalo Urquijo o Belén García, que también se sientan en el banquillo.
CERTIFICACIONES Y PRESUPUESTOS
En este sentido, ha afirmado que participó en la elaboración de certificaciones de obra porque entraba dentro de sus funciones, ya que estaba a pie de obra. Para poder realizar este documento, ha indicado que semanalmente celebraban «reuniones» para comprobar el «avance» de la ejecución de la reforma, aunque no recuerda quien del PP acudía a esa revisión.
Así, ha señalado que es posible que haya varios presupuestos o estas certificaciones relacionado con una misma obra porque son documentos «en proceso». «Cualquiera que ha hecho reforma en su casa sabe que el presupuesto varía. Que exista dos versiones de presupuesto sí, y cinco, es normal», ha añadido.
