El Gobierno de Gibraltar tiene previsto intensificar los contactos con España en los próximos meses de cara al tratado entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Peñón tras el ‘Brexit’.
En este marco, este viernes han viajado a Madrid el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, el viceministro principal, Joseph Garcia, y el fiscal general del Peñón, Michael Llamas.
En concreto, han mantenido conversaciones de actualización sobre el progreso de los trabajos preparatorios del tratado que regulará la situación de Gibraltar en el marco de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea.
«Se espera que esto ocurra con mayor regularidad en los próximos meses», ha indicado en un comunicado el Gobierno de Gibraltar tras el regreso al Peñón de la delegación desplazada a Madrid en el que no aclara a qué nivel se han producido esos contactos o quiénes han participado.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han indicado que los contactos con el equipo que prepara el mandato negociador con la UE «son habituales y a todos los niveles».
Madrid y Londres alcanzaron el pasado 31 de diciembre un preacuerdo sobre Gibraltar como base para un futuro tratado entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar.
El preacuerdo «no prejuzga la cuestión de la soberanía y la jurisdicción». Sobre este asunto, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado reiteradamente que para España la reivindicación de la soberanía de Gibraltar es «irrenunciable» si bien ha reconocido que no cabe esperar que Reino Unido ceda en este asunto.
El texto ratifica que el objetivo final es suprimir «todas las barreras físicas» al movimiento de personas entre el Peñón y el espacio Schengen, cuyos controles y disposiciones España deberá garantizar ante el resto de miembros. En el puerto y el aeropuerto, «habrá puntos de entrada Schengen», donde habrá que cumplir con el control gibraltareño y con el previsto por este espacio sin fronteras.
En el apartado aduanero, se prevé que el futuro tratado incluya una solución a la medida, «basada en una adaptación de la unión aduanera entre la UE y Gibraltar» y que permitirá suprimir el control actual en La Línea. Para ello, se aclara, habrá que aplicar una serie de «salvaguardas para evitar distorsiones en el mercado interior, en particular en la economía» del Campo de Gibraltar.
Esto pasaría por aplicar «de forma sustancial las mismas obligaciones y medidas de política comercial que la UE». Además, en caso de incumplimiento de las salvaguardas o de no aplicarse de forma adecuada están previstas «consecuencias» como la reintroducción de los controles aduaneros.
En lo relativo a cómo se llevarán a cabo los controles en el puerto y el aeropuerto, aclara que las autoridades gibraltareñas serán las primeras en autorizar o denegar la entrada, tras lo cual serán las españolas las que permitan o no la entrada al espacio Schengen. Según se precisa, en el caso del aeropuerto se creará una instalación en la que «oficiales españoles y gibraltareños compartirán espacio».
Además, durante el periodo inicial de implementación, previsto por cuatro años, España contará con «asistencia operacional de Frontex para tareas relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores», estableciéndose una misión conjunta. Al término de este periodo, el acuerdo podría ser anulado si alguna de las partes así lo desea y previa consulta.
