Cataluña cumple este domingo medio año con el Govern en funciones y sin presidente, ya que hace seis meses que Quim Torra fue inhabilitado, en un momento en el que la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat está en el aire, después de que el viernes fracasara el primer intento para investir al candidato de ERC, Pere Aragonès, y todavía no hay acuerdo para que salga elegido el martes en la segunda vuelta.
Hace seis meses, el 28 de septiembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Torra a un año y medio de inhabilitación por desobediencia al no haber descolgado en los plazos solicitados por la Junta Electoral una pancarta a favor de la libertad de los presos del 1-O del balcón del Palau de la Generalitat.
Esta inhabilitación dejó al Govern en funciones, ya que el vicepresidente, Pere Aragonès, asumió las funciones de presidente de la Generalitat pero con las competencias limitadas.
Al estar en funciones, durante estos meses no ha tenido algunas de las prerrogativas que posee un jefe del Ejecutivo en plenas competencias, ya que no tiene la capacidad de cesar ni nombrar consellers, convocar elecciones ni presentar anteproyectos de ley, por lo que no puede impulsar unos nuevos Presupuestos.
De esta manera, la iniciativa del Govern en funciones en este medio año se ha limitado a los decretos ley, que es el recurso principal que han utilizado estos meses durante la gestión de la segunda y la tercera ola del coronavirus.
Antes de que Torra fuera inhabilitado, ERC insistió en convocar elecciones para evitar que los comicios estuvieran fijados por una decisión judicial y reducir el periodo de interinaje.
Sin embargo, Junts y el propio Torra se opusieron argumentando que eso sería tanto como aceptar la inhabilitación, por lo que el presidente optó por no anticipar las elecciones y quedó en manos de los tribunales activar el reloj para la convocatoria electoral.
En este periodo, Cataluña ha celebrado unas elecciones al Parlament, que en un principio el Govern pospuso hasta mayo ante las previsiones de la pandemia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó esta suspensión y los comicios se celebraron el 14 de febrero.
Tras las elecciones, en las que el independentismo revalidó mayoría absoluta pese a la victoria del PSC en votos –en escaños empató con ERC–, Aragonès defendió la necesidad de llegar a un acuerdo lo más pronto posible para formar un nuevo Govern que tuviera plenas funciones para gestionar la pandemia y la crisis provocada por el Covid-19.
Sin embargo, las negociaciones han ido más lentas de lo que aspiraban los republicanos en un primer momento: se agotó el plazo de 20 días hábiles para constituir el Parlament y nombrar a Laura Borràs presidenta de la Cámara, y después el primer pleno de investidura se celebró el viernes, la fecha máxima, según la Ley de Presidencia.
Esta vez, agotar el plazo no ha sido suficiente para que ERC y Junts llegaran a un acuerdo para investir a Aragonès, pese a que los republicanos sí que han logrado un pacto con la CUP.
Tras la investidura fallida del viernes, está por ver si antes de la segunda vuelta, que se celebrará el martes, ERC y Junts logran desencallar las negociaciones para que Aragonès sea investido y vuelva a haber un presidente en plenas funciones, pero a falta de dos días para el pleno todavía no hay un acuerdo cerrado.
Si en esta segunda vuelta Aragonès tampoco consigue ser elegido, empezará a correr el reloj de la investidura y se abrirá un plazo de dos meses que finalizaría el 26 de mayo: si en este periodo ni Aragonès ni ningún otro candidato fuera investido, se disolvería automáticamente el Parlament y se convocarían elecciones.
Los nuevos comicios se deberían celebrar 54 días después de que se agote el plazo, es decir, el 19 de julio, de manera que el Govern en funciones podría alargarse hasta el verano.
