El juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha acordado abrir procedimiento abreviado contra ocho investigados por la difusión del bulo del Bar España, al considerar que existen indicios racionales de delitos contra la integridad moral, contra la administración de justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Además, se abre dicho procedimiento también contra otro investigado como responsable civil, y se declara extinguida la acción penal contra otros dos por haber fallecido.
Así mismo, se ha acordado el sobreseimiento provisional de la presente causa respecto a 12 investigados por considerar que no resulta debidamente justificada la perpetración de ninguno de los delitos respecto de ellos, y se mantiene el sobreseimiento respecto de otros dos investigados hasta que sean hallados o prescriban los delitos por los que se acordó atribuirles la condición de investigados.
El auto indica que, de la investigación llevada a cabo y de las diligencias practicadas, hay indicios de que, al menos desde 1998, varias personas han sido objeto de continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y canales, relacionándoles con una organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia relacionada con reuniones mantenidas por los mismos y hechos atroces cometidos por ellos, «todos ellos rotundamente falsos».
Así, se señala que los perjudicados han sido objeto de una permanente campaña de acoso y desprestigio público mediante la formación de imputaciones delictivas y denuncias falsas dirigidas de forma organizada y consecutiva a distintas instancias jurídicas, lo que ha dado lugar a diversos procedimientos judiciales.
Añade que se trata de una actuación orquestada bajo la dirección de una persona ya fallecida y condenada por un juzgado como autora de un delito de acusación y denuncia falsa, con una «permanente y necesaria» colaboración en cada caso por cada uno de los encausados, que se han ido sumando a la finalidad perseguida de actuar de forma infamatoria contra los perjudicados, «atentando gravemente contra su integridad moral e instigando artificialmente un odio contra sus víctimas, afectando a su honor».
Entre los perjudicados por estos hechos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
