El subdelegado del Gobierno en Valencia se desvincula del principal acusado del caso ‘Imelsa’

El subdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado provincial, Rafa Rubio, ha recurrido su procesamiento en la causa de los ‘zombies’ del conocido como caso Imelsa y ha solicitado su revocación alegando dos argumentos principales: que estaba desvinculado del expresidente de la Diputación Alfonso Rus y asegurando que fue «extremadamente escrupuloso» con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También ha negado pertenecer a ninguna organización criminal.

Así se desprende del recurso que ha presentado Rubio ante el Juzgado de Instrucción número 18 de València en relación con su procesamiento en las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Es la causa conocida como los ‘zombies’.

En su escrito, insiste en que no hay indicios racionales de delito contra él, por lo que solicita la revocación del auto de procesamiento.

A Rubio, diputado socialista en ese momento y consejero de Imelsa entre julio de 2007 y junio de 2011, se le cuestionan dos contrataciones efectuadas de marzo a junio de 2011 de dos asesoras: una de ellas cobró 13.198,78 euros, y la otra, ama de casa, estuvo dada de alta en el mismo periodo y con el mismo salario.

Según la jueza, ambas asesoras percibieron un salario de la empresa pública sin prestar el cometido laboral que justificara la contratación. Y Rafael Rubio lo niega y expone que ambas trabajaron: la primera, en trabajos relacionados con la búsqueda de información y recopilación de datos; y la segunda, con trabajos de apoyo y asistencia técnica, entendida como administrativa.

Sobre la creación de puestos de asesores de los consejeros de Imelsa –personal de confianza no sometido a concurso público– y su número, el abogado de Rubio alega que ya existía con anterioridad a la entrada de su representado en la empresa pública. Por tanto, estas plazas no se crearon a instancias suyas «ni servían para suplir áreas ocupadas en Diputación», afirma.

«Consiguientemente –prosigue– Rubio no propuso la creación de puestos de asesor, que ya estaban establecidos con antelación a su nombramiento como consejero del Consejo de Administración de Imelsa. Se limitó, por tanto, en virtud de esas propuestas, a designar a las personas que debían ocupar los puestos de asesores previamente creados».

Además, advierte de que Rubio fue «extremadamente escrupuloso» con la contratación de los asesores que se le adjudicaron puesto que la razón de los dos contratos por un tiempo reducido –cuatro meses– «responde a que las anteriores contrataciones de los dos asesores previos, de haberse mantenido en el tiempo más allá de los tres años, hubieran generado una condición de trabajadores fijos de la Administración, y para evitar tal consecuencia, indeseada e impropia de este tipo de contratos, se les cesó y se llevó a cabo una contratación por el resto del tiempo hasta agotar la legislatura que apenas duró cuatro meses».

Así, insiste en que los contratos celebrados con los asesores de Rubio cumplen la normativa del personal eventual y son «respetuosos» con las funciones que tienen atribuidas los asesores de los consejeros de Imelsa.

NO FICHABAN

Sobre si fichaban o no las asesoras contratadas por Rubio, su letrado expone que no lo hacían porque sus contratos eran de 2011 y el sistema digital se instauró en 2012-2013: «No podían fichar si no existía un sistema que controlara su asistencia». Además, ha recordado que este hecho resulta «irrelevante» porque el consejero tiene la facultad de fijar el lugar de la prestación del servicio y sus condiciones.

Por otro lado, Rubio recalca que no ha emitido ni suscrito, por sí mismo, ni se ha efectuado a su instancia documento público ni privado alguno en relación con los trabajos desarrollados por parte de sus asesoras durante los cuatro meses que duró su relación laboral.

Al respecto, recuerda que en la época en la que tuvo responsabilidades en Imelsa «nunca» se le exigió la emisión de certificación de los trabajos efectivos y adecuados de ninguna de las personas.

RUS, SIN COMPETENCIAS

Por otro lado, Alfonso Rus también ha recurrido su procesamiento en la causa de los ‘zombies’ y mantiene en su escrito, que no tenía competencia alguna para contratar a nadie en Imelsa.

Así, manifiesta que al respecto solo hay una referencia realizada por Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, quien «se ha dedicado a construir un personaje autodenominado ‘el yonki del dinero’ para, en una supuesta colaboración con la justicia, inculpar a unos y otros intentando, de este modo, aminorar las penas que derivarán de su propia actividad delictiva».

En este sentido, el letrado de Rus agrega: «Benavent utilizó su cargo de gerente de Imelsa para lucrarse a través de una red de empresas en las que utilizaba a personas interpuestas –testaferros– para que no se le pudiera vincular a dichas empresas. Más allá de esto, no existe prueba alguna de que mi representado, sin competencia alguna, tuviera absolutamente nada que ver en las contrataciones, y menos todavía en el control de sus actividades, todas ellas bajo la esfera personal y laboral de Benavent».

«El auto de procesamiento –agrega– carece de motivación y fundamentos, más allá de meras manifestaciones sin valor probatorio alguno que impiden a esta defensa poder atacar el mismo, generando indefensión».

LOS CONTRATOS

Sobre la supuesta orden de contratación de José Estarlich, quien se definió como «hombre de paja» de Benavent, el abogado de Rus también desvincula a su cliente: «No existe ninguna referencia lógica que permita conocer cómo el instructor llega a la deducción de que mi representado puede ser partícipe en las contrataciones sobre las que no tiene capacidad alguna e, incluso, respecto de personas bajo la esfera personal de Benavent».

Y lo mismo alega respecto a otros dos contratos, los cuales, y según manifestaciones de Benavent, fue él mismo quien decidió, en atención a sus funciones como gerente de Imelsa, su contratación para hacer un favor a un empresario amigo, «una prueba más del manejo que para sus propios intereses era utilizada la empresa por Benavent».

Por último, el letrado también desvincula a Rus de los contratos efectuados en Ciegsa, empresa respecto de la cual «no existe vinculación alguna, ni tan siquiera formal».