jueves, 15 abril 2021 12:26

Podemos pide cambiar la Ley de Secretos Oficiales

Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) pidiendo al Gobierno que apoye la modificación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 con el fin de evitar que sigan como material clasificado documentos que pudieran poner de manifiesto “violaciones de derechos humanos” o actos delictivos “incompatibles con los valores democráticos”.

Así lo traslada la formación mediante esta iniciativa, suscrita el pasado 22 de marzo por el diputado y secretario general del grupo parlamentario Txema Guijarro, para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

Precisamente esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo está trabajando en una nueva Ley de Secretos Oficiales por entender que es bueno para la calidad democrática española.

Pero, con independencia de lo que prepare el Gobierno, el Congreso ya tiene una reforma en tramitación. Así, en junio del año pasado tanto los partidos del Ejecutivo como el PP y las formaciones independentistas apoyaron la admisión de un proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales y acelerar la desclasificación de documentos, una norma que los nacionalistas vascos llevan planteando desde 2016.

MANTENER LA LEY FRANQUISTA ES UNA “ANOMALÍA DEMOCRÁTICA”

Ahora el texto de esta PNL, detalla que la actual normativa data de 1968, aprobada durante la dictadura franquista, y que “mantenerla intacta” a día de hoy muestra una “anomalía democrática tanto por sus carencias y limitaciones, como por su discrecionalidad”.

“Esto nos posiciona, como país, dentro de un marco más cercano al principio de ‘arcana imperii’ que a los principios constitucionales de publicidad, transparencia y accesibilidad de un Estado Social y Democrático de Derecho”, ahonda la formación en su exposición de motivos.

También argumenta que el “secretismo” con el que se opera en cuanto a materia clasificada “también tiene efectos negativos sobre la investigación para el esclarecimiento de hechos históricos”.

Tras recordar que en 1984 se emitió una orden ministerial de apertura parcial de ese material y se permitió la consulta con fines de investigación de documentos con antigüedad de más de 25 años del Archivo General de la administración, la iniciativa especifica que, sin embargo, en 2010 el Ejecutivo declaró secreto 14 temas que constituyen “toda la política exterior española”. Simultáneamente, se propuso desclasificar 10.000 documentos por parte del Ministerio de Defensa, lo que “nunca se llevó a cabo”. Todo ello motivó la protesta de unos 400 investigadores en 2011.

También critica que se haya roto la “unidad del archivo” enviando el material anterior a 1931 al Archivo Histórico General, al que sí se puede acceder, y que relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hayan cuestionado que no existe un criterio claro a la hora de decidir qué documentos pueden levantarse su categoría de secreto oficial.

“Es necesario impulsar las medidas necesarias para sustituir el acuerdo de 2010, y modificar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, para ponernos a la altura del momento histórico y con Estados democráticos de nuestro entorno en materia de transparencia y acceso a la historia”, insiste Guijarro.

ACCESO MÁS “SENCILLO Y LIBRE”

Por todo ello, Unidas Podemos demanda con su iniciativa que se permita un acceso “más sencillo y libre” a la documentación histórica en poder de la Administración General del Estado, unido a la modificación de la normativa de 1968 basada en la aplicación de límites temporales de materia reservada en función del contenido.

Por último, aboga por evitar una clasificación genérica, así como “transparentar y motivar” dichas clasificaciones. Pero sobre todo pide que no se clasifique como secretos oficiales materias o documentos que “pongan de manifiesto violaciones de derechos humanos, perpetración de delitos de lesa humanidad, actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, o que vulneren tratados internacionales”.