El Gobierno sigue de cerca la situación en Birmania, donde el pasado 1 de febrero el Ejército dio un golpe de Estado y donde han muerto más de 700 personas en la represión de las protestas generadas por el derrocamiento del Ejecutivo de Aung San Suu Kyi, y trabaja para conseguir el restablecimiento de la democracia en el país asiático.
Así lo ha expresado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada en el Congreso por el PP, que se había interesado por las gestiones realizadas por el Gobierno para fortalecer la situación de los Derechos Humanos en Birmania hasta la fecha.
En su réplica, el Gobierno asegura que «sigue de cerca» la situación «tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco de la Unión Europea y los foros multilaterales», principalmente a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.
En distintos foros, el Gobierno ha manifestado su «preocupación» por «la violación de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales de los ciudadanos birmanos, por la declaración del estado de emergencia, la suspensión del Parlamento y las detenciones y arrestos arbitrarios del presidente, Win Myint, la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, otros funcionarios y políticos del gobierno, defensores de los Derechos Humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil, asesores locales y extranjeros y otros».
Además, desde el Gobierno se ha llamado «a las autoridades militares birmanas a ejercer la máxima contención frente a las manifestaciones pacíficas contra el golpe de Estado» y ya desde el día del golpe, que «condenó enérgicamente», ha venido reclamando «la liberación inmediata» de Suu Kyi y otros altos cargos «detenidos durante la asonada».
CONDENA DE LA VIOLENCIA CONTRA CIVILES
Igualmente, ha condenado «la violencia ejercida por la junta militar contra civiles, que se está cobrando la vida de numerosas personas a diario», defendiendo que las manifestaciones «muestran quela democracia es un valor universal», añade el documento.
Asimismo, esgrime la respuesta gubernamental, «España apoya el trabajo que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realiza» en Birmania, y participa en todos los diálogos en los que la Alta Comisionada ha presentado informes sobre dicha situación en el marco del Consejo de Derechos Humanos, donde también «ha mencionado la grave situación en el país en sus intervenciones en los debates generales».
Dicho todo ello, el Gobierno asegura al PP que «continuará trabajando en favor del restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho en Birmania, como la mejor garantía de la salvaguardia de todos los Derechos Humanos».
