El Gobierno concedió un total de 18 indultos durante el segundo semestre de 2020, lo que supone un 1,08 por ciento de los 1.664 expedientes resueltos en ese mismo periodo, según los datos que ha proporcionado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el subsecretario del ramo, José Miguel Bueno.
Bueno ha detallado que, de los 18 indultos otorgados, todos fueron de carácter parcial, lo que significa que solo se perdonó alguna de las penas impuestas o una parte de todas ellas.
Sobre el tipo de ilícitos, ha precisado que diez de los indultados fueron condenados por delitos contra el patrimonio; tres por delitos contra el medio ambiente y la ordenación territorial; otros tres por delitos contra la intimidad; uno por un delito contra la salud pública; y otro por un delito de falsedades.
El subsecretario de Justicia se ha detenido asimismo en la relación entre la concesión o denegación de la medida de gracia y los informes preceptivos emitidos por el tribunal sentenciador y el Ministerio Fiscal, que revela que la mayoría de los indultos se otorgaron con alguno de esos informes en contra.
Así, solo siete de los 18 indultos concedidos contaban con informes favorables tanto del tribunal como de la Fiscalía. De los once restantes, diez tenían el visto bueno del órgano judicial pero no el del Ministerio Público, y el otro contaba solo con el ‘placet’ de este último.
Por otro lado, de los 1.646 indultos denegados en dicho semestre, el 87 por ciento tenían informes desfavorables de tribunal y Fiscalía; el dos por ciento solo del sentenciador; el ocho por ciento solo del Ministerio Público; y únicamente el tres por ciento tenían a su favor a ambos.
A este respecto, PP, Vox y Ciudadanos han reiterado su llamamiento al Gobierno para que incluya en sus informes semestrales los motivos por los que acepta o rechaza las peticiones de indultos.
En concreto, el diputado de Vox Luis Ruiz Navarro ha denunciado que esta «figura excepcional» se usaría en realidad para «hacer política». «Cuando los criterios técnicos son olvidados entramos en el terreno de la arbitrariedad», ha alertado.
Bueno ha instado a no confundir discrecionalidad con arbitrariedad, recordando que los informes son preceptivos pero no vinculantes porque, de otro modo, «la decisión ya no sería del Gobierno», si bien ha asegurado que «son tomados en consideración» como «un elemento fundamental en la toma de decisión».
VOX Y LA BRECHA DE GÉNERO
El subsecretario de Justicia ha concretado además que, de esos 18 indultos, cinco se concedieron a mujeres y los trece restantes, a hombres, lo que supone un 28 y un 72 por ciento en el reparto por géneros.
En este punto, el diputado de Vox Luis Ruiz Navarro ha aprovechado para hablar de lo que ha descrito como «esa mentira antibiológica llamada género», recurriendo a la ironía para aconsejar a Bueno que sean más «cuidadosos» al presentar los datos porque así expuestos «podrían dar lugar a que fueran objeto de la ira de las talibanas del feminazismo».
No obstante, se ha apresurado a contestar que «aquí también la brecha (de género) es imaginaria» porque, de acuerdo con su lectura, «resulta que en realidad han recibido la gracia del indulto solo el 0,9 por ciento de los hombres frente al 2,1 por ciento de las mujeres del total de solicitantes», preguntando a Bueno «por qué los hombres siguen sufriendo una aparente discriminación –ya sostenida en el tiempo– en materia de indultos».
Bueno ha contestado que «es obvio que el género es una decisión que nada tiene que ver en la toma de decisión» sobre los indultos, instando a «no frivolizar» con este tema porque se refiere a «un aspecto muy importante de la vida de las personas» como es su continuidad o no en una cárcel. «Insinuar que el género puede tener algún tipo de peso (…) me parece poco serio», ha zanjado.
INDULTOS A COFRADÍAS
Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Jerez se ha interesado por los indultos concedidos en Semana Santa a petición de las cofradías religiosas, al apreciar «un descenso, no en las peticiones, pero posiblemente sí que en las concesiones», para determinar si es «una tradición asentada» con la que el Gobierno ha decidido «romper».
En su réplica, Bueno ha matizado que «sí ha habido descensos en 2021 respecto a 2020 en las peticiones, más o menos 15 en 2020 y más o menos la mitad en 2021», y, aunque ha admitido que «mayoritariamente» suelen ser denegaciones, lo ha achacado a que «concurran o no los requisitos» legales por los que se conceden.
Asimismo, ha sostenido que el Gobierno ha continuado tramitando todos los expedientes procedentes de las cofradías religiosas por su orden de llegada y se han concedido algunos indultos por Semana Santa, «pero siempre y cuando el expediente lo permita, ni se adelante ni se retrasa».
NO HAY CUPOS
La diputada ‘morada’ Martina Velarde también ha lanzado lo que ha definido como «una crítica absolutamente constructiva» para cuestionar por qué se ha pasado de unos 1.700 indultos concedidos en el año 2000 a 39 en el año 2019, reivindicando este perdón como una medida correctiva de justicia frente a «un exceso de punitivismo», avisando además de que «todavía subyace un elemento de desigualdad económica».
Velarde ha hecho hincapié en que «el indulto recae sobre la persona y no sobre la materia» por la que se la condenó, defendiendo que el único asunto a valorar debe ser la reinserción. En este sentido, ha aludido a un caso de un hombre de Córdoba que entró en prisión por hechos de 2015 en 2020, «cuando ya tenía un trabajo y una vida ordenada».
Bueno ha respondido que «no es una cuestión de cupos», sino de que se cumplan los requisitos legales. «No hay ni tendencias alcistas ni tendencias descendentes» sino que «lo que hay es una serie de expedientes que han sido resueltos en un sentido o en otro con porcentajes más o menos similares», ha expuesto.
UN «SOBRESFUERZO» POR LA PANDEMIA
El subsecretario de Justicia ha querido destacar el «sobreesfuerzo» que ha supuesto para el Ministerio de Justicia mantener el ritmo de tramitación de expedientes de indultos durante la pandemia de coronavirus. En este contexto, ha revelado que la unidad encargada de ello está formada por nueve personas, de la cuales cinco contrajeron la COVID-19 y algunas tienen una situación de vulnerabilidad.
Así, ha desgranado que en el segundo semestre de 2020 se resolvieron 1.664 expedientes frente a los 1.862 del mismo periodo de 2019, pero ha pedido tener en cuenta que también hubo más peticiones en la segunda mitad del año pasado respecto al mismo periodo del años anterior (1.727 y 1.381, respectivamente). Ya entre el primer y el segundo semestre de 2020, ha enfatizado, se observa un incremento del 25 por ciento en las cifras de resolución.
En cuanto a las peticiones de indultos recibidas en los últimos seis meses de 2020, Bueno ha contado que se recibieron 776, lo que refleja –ha explicado– una tendencia en la disminución de las solicitudes de perdón, desde las más de 5.000 en torno a 2015 a las 3.226 del año pasado.
Ha resaltado igualmente el empeño del Ministerio de Justicia por pasar del papel al dato en los indultos, de modo que las peticiones y las comunicaciones con las distintas partes durante la tramitación del expediente se puedan hacer de forma electrónica. Ya en el segundo semestre de 2020 las solicitudes telemáticas fueron superiores a las de papel, con 899 y 877.
