El subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha asegurado este martes en una comparecencia parlamentaria que no hay «ni aceleramiento ni retraso» en la tramitación de los indultos solicitados para los condenados por el ‘procès’, afirmando que todas las peticiones que llegan al Ministerio se gestionan con «la máxima celeridad posible», frente a las críticas que ha recibido tanto de Junts como de PP y Vox por el «ritmo» que llevan los casos de los independentistas catalanes.
Bueno ha contestado así a las preguntas que le han lanzado los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar el informe sobre los indultos solicitados, concedidos y denegados durante el segundo semestre de 2020 y, en concreto, al reproche que le ha hecho el representante de Vox Luis Ruiz Navarro por la decisión del Ministerio de Justicia de reanudar la tramitación de los indultos en marzo del año pasado, en plena pandemia.
«Sigo insistiendo en que el interés general exige la continuidad de la tramitación y no hay ningún otro tipo de motivación en ello, ni aceleramiento ni retraso ni suspensión intencionados. Todos los expedientes se tramitan con la máxima celeridad posible, teniendo en cuenta el marco de las complejidades», ha declarado Bueno.
De esta forma, ha denunciado «falta de realidad tanto de un punto de vista como del otro», en alusión a las palabras del diputado de Junts Josep Pagès y de Vox, que le venían a imputar respectivamente –según ha descrito él mismo– «algún tipo de retraso en la tramitación y, por otro lado, el levantamiento de la suspensión con el intento de acelerarlo» en relación con los indultos del ‘procès’.
Interrogado sobre cuál será ese sentido, Bueno ha contestado que no puede adelantarlo, aduciendo que no le corresponde y que sería además una «irresponsabilidad», si bien ha subrayado –también ante los cuestionamientos de Vox– que la concesión de indultos atiende a «criterios legales», no «morales». En estos momentos, ha recordado, la tramitación continúa en el tribunal sentenciador, el Supremo.
EL FACTOR 4-M
Pagès ha sostenido que, si bien «el indulto no es la solución al problema político, «al menos puede ser una medida humanitaria para atajar los excesos autoritarios de la dictadura española», a la que se ha referido como «una dictadura de las togas».
El diputado catalán ha acusado al Gobierno de «inconsecuencia», argumentando que en función del «momento político» habla de «reencuentro y reconciliación» con Cataluña o «se pone exquisito con argumentos legalistas».
A ello ha añadido que «estamos ante un uso del indulto no ya partidista, sino directamente electoralista», echando en cara al Gobierno que «con las elecciones de la Comunidad de Madrid a la vista parece que se han olvidado los buenos propósitos».
Para Pagès, el hecho de que los condenados por el ‘procès’ lleven más de tres años en prisión «demuestra falta de valentía del Gobierno socialista y de sus aliados de Podemos, y una absoluta subordinación mental a la dictadura de las togas».
En este sentido, ha recalcado que el ex ministro de Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera «solo estuvieron tres meses en prisión» antes de recibir el indulto del Ejecutivo de José María Aznar por los GAL, un hecho en el que se ha apoyado para aseverar que «en España hay una justicia ‘ad hoc’ basada en el código postal, no en el Código Penal».
A este respecto, Pagés ha recibido una firme respuesta de Bueno, que le ha recriminado «que hable de excesos autoritarios en relación con sentencias de tribunales de justicia, que lo son de un Estado de Derecho pleno y plenamente asentado en nuestra Constitución en su toma de decisiones».
«TACTICISMO POLÍTICO»
Desde el PP, Miguel Ángel Jerez ha expresado la preocupación de su grupo parlamentario por «el ritmo con el que se está tramitando este expediente», que ha calificado de «extremadamente lento». «Nos da la sensación de que alguien está contemporizando (…) y esto puede obedecer a un determinado tacticismo político. Alguien está esperando el momento procesalmente oportuno para que se den determinadas circunstancias y se resuelva en un sentido u otro», ha planteado.
Paradójicamente, el diputado ‘popular’ ha venido a esgrimir el mismo argumento que Pagès al resaltar que «se está alargando más la resolución de estos expedientes que lo que se alargó la concesión de indultos a los responsables de los GAL o del 23-F (…), causas las dos ciertamente complejas».
Jerez también ha preguntado a Bueno sobre los informes que debe recabar el Tribunal Supremo (TS). «Nos da la impresión de que algo está pasando», ha dicho, basándose en que por ahora solo hay informe de Fiscalía y que la Abogacía del Estado se ha limitado a decir que el daño económico por el delito de malversación, donde la parte perjudicada es Hacienda, ya está resarcido. «¿Quién es el ofendido en relación con el delito de rebelión y con el de desobediencia?», ha preguntado.
En la misma línea, Vox ha acusado a la Abogacía del Estado de «ponerse de perfil» y ha querido saber si el Ministerio de Justicia le trasladó «alguna orden». Ruiz Navarro también ha interrogado a Bueno por «el grado de vinculación que han tenido las elecciones catalanas con el trámite del indulto» y «si el sentido de esta decisión va a estar condicionado a que los partidos políticos vinculados con el golpe de Estado realicen algún tipo de contraprestación».
Sobre los informes preceptivos, el subsecretario de Justicia ha recordado que «no son vinculantes», porque «si lo fueran la decisión ya no sería del Gobierno sino del tribunal sentenciador», aunque al mismo tiempo ha indicado que «son tomados en consideración y son analizados en todos sus extremos». «Son un elemento fundamental en la toma de decisión», ha remachado.
UNIDAS PODEMOS RECUERDA A VALTONYC Y HASEL
Por su parte, Martina Velarde ha reiterado que para Unidas Podemos (UP) los condenados por el ‘procès’ «deberían estar en libertad, dado que sufren unas penas desproporcionadas que son la cúspide de una época de judicialización de la política que inició el PP», y que su excarcelación se podría conseguir mediante el indulto, «una medida de gracia que si algún sentido tiene es para reparar las injusticias materiales que se cometen contra disidentes sociales o políticos».
No obstante, ha añadido que, si bien el indulto es la vía más rápida, no es «incompatible» con lo que ha mencionado con una opción «más deseable» para UP: «La derogación del delito de sedición mediante una reforma del Código Penal que se debería acordar en este Congreso». Según ella, es un tipo penal «desfasado» y que, con la interpretación que hizo el TS en su sentencia del ‘procès’, cuestiona «gravemente» los derechos a la protesta y la manifestación.
La diputada ‘morada’ también ha aprovechado su intervención para señalar otros casos «mediáticos» como los de los raperos Valtonyc y Pablo Hasel, recordando que su grupo parlamentario ha solicitado el indulto para ambos y que en estos momentos es la única alternativa del Gobierno para «actuar ante el convencimiento social de que las condenas son injustas».
