La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha vuelto a ofrecer este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acordar un plan jurídico antes de que acabe el estado de alarma el próximo 9 de mayo, unas reformas para las que «hay tiempo» y que permitirían dar «seguridad jurídica» a las autonomías a partir de esa fecha a la hora de limitar la movilidad. Además, ha reclamado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que, según ha dicho, debería haberse reunido el pasado mes de marzo.
En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha resaltado que a día de hoy se encuentran en un marco de «absoluta incertidumbre provocado por Pedro Sánchez» porque «utiliza la cogobernanza para responsabilizar a otros de sus competencias», sumiendo al país «en un caos».
Gamarra ha señalado que el propio Sánchez debería haber estado trabajando en ese marco jurídico desde el día en que se aprobó el último estado de alarma con una prórroga de seis meses y ha recalcado que el PP lleva más de un año demandando un desarrollo legislativo de la legislación ordinaria.
«SÁNCHEZ NO HA HECHO NADA Y POR ESO NOS ABOCAMOS AL ABISMO»
«El presidente del Gobierno no ha hecho absolutamente nada y por eso nos abocamos al abismo», ha proclamado la dirigente del PP, que ha recordado que su formación ya llevó al Pleno del Congreso en noviembre la toma en consideración de una proposición de ley para adaptar la legislación, pero que contó con el rechazo del PSOE y otros grupos.
En este sentido, ha destacado que con ese ‘no’, esos grupos parlamentarios también «evadieron su responsabilidad como poder legislativo» porque si hubiera salido adelante la iniciativa del PP habría permitido consensuar después en la tramitación parlamentaria, vía enmiendas, qué «alcance» y qué «controles» se fijaban en la ley.
Gamarra ha recalcado que el PP planteaba con esa iniciativa «lo mismo» que defiende ahora el Consejo de Estado, es decir, legislación ordinaria para afrontar la pandemia. «El marco no es el que nos ha situado Pedro Sánchez y Podemos: estado de alarma sí o estado de alarma no, bajo el cuál nos tienen absolutamente anestesiados y tienen controlados los derechos y las libertades de todos los españoles», ha proclamado.
En este sentido, ha reiterado que «cabe una vía intermedia» y es el «desarrollo legislativo de legislación ordinaria», como la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública que ha planteado el PP. «El debate debe ser afrontar de forma urgente esas reformas», ha aseverado.
MEDIDAS «MÁS QUIRÚRGICAS» Y CON «MENOR EFECTO EN LA ECONOMÍA»
Por eso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha vuelto a tender la mano al Gobierno para pactar esas reformas y ese plan jurídico con «carácter urgente» porque el estado de alarma tiene que ser «excepcional».
Tras señalar que hay «perfectamente tiempo» para hacer esas reformas, ha indicado que eso permitiría que las medidas fueran «mucho más quirúrgicas» y «con menores limitaciones de las libertades y derechos de los ciudadanos», así con «menor efecto en la economía de las CCAA», «todo ello con el control jurisdiccional».
Gamarra ha recalcado que las autonomías necesitan una «seguridad jurídica» y ha subrayado que «ahí hay un agujero y una falta de liderazgo por parte del Consejo de Ministros y del presidente del Gobierno».
EXIGE CONVOCAR LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Además, la portavoz del PP ha reclamado a Sánchez que convoque ya la Conferencia de Presidentes y ha añadido que esa reunión debería haberse producido el pasado mes de marzo porque se tenía que producir a «los cuatro meses del estado de alarma».
Por tanto, ha explicado que esa reunión de la Conferencia de Presidentes «no es algo discrecional sino que está aprobado y es la ley». A su entender, ese órgano se va a reunir con «retraso» cuando también es un foro para debatir esos instrumentos jurídicos que se necesitan.
Finalmente, Gamarra ha señalado que sería de una «gravedad absoluta» que Sánchez se negara a impulsar legislación ordinaria como le están «pidiendo todos». A su entender, hay que «exigirle» que lo haga porque «no vale» evadir esa responsabilidad.
«Es inconcebible que nos podamos encontrar el día 9 de mayo en la misma situación de marco jurídico por la soberbia, la incapacidad y el bloqueo por parte del Gobierno de España a legislar y dotar de instrumentos a las autoridades sanitarias para que puedan luchar contra la pandemia. Sería deleznable», ha proclamado.
